En medio de un creciente conflicto del sector educativo y medidas de fuerza gremiales, la Justicia federal redobló la presión sobre la administración central. El juez federal Martín Cormick emitió una resolución en la que le otorgó un plazo perentorio de cinco días al Poder Ejecutivo Nacional para que dé efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). Ante la persistencia del incumplimiento de una medida cautelar que ya cuenta con el aval de la Corte Suprema, el magistrado advirtió que aplicará astreintes —sanciones pecuniarias progresivas— por cada día de demora en caso de persistir la reticencia oficial.

La controversia judicial se intensificó luego de que el Gobierno solicitara el levantamiento de la cautelar dictada en diciembre pasado, argumentando la realización de transferencias parciales a las casas de altos estudios y la firma de un acta de entendimiento con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios a mediados de año. Sin embargo, desde el ámbito universitario calificaron los giros como insuficientes frente a la magnitud del desfinanciamiento y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes.

Rechazo al pedido oficial y ratificación de la cautelar

En su fallo de una carilla, Cormick desestimó los planteos del Ministerio de Capital Humano —cartera conducida por Sandra Pettovello— y subrayó que no se verificó un cumplimiento total de la manda judicial firme, ratificada el pasado 25 de junio por el máximo tribunal del país. El magistrado recordó que la medida cautelar se mantendrá vigente hasta tanto se emita una sentencia definitiva sobre la demanda impulsada para declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo suspendió la aplicación de la LFEU.

Por su parte, los rectores nucleados en el CIN sostuvieron que los acuerdos parciales de transferencia no suplen las obligaciones estipuladas por la ley ni resuelven el ahogo financiero que atraviesan las universidades nacionales y sus hospitales dependientes. Con el nuevo ultimó de cinco días fijado por el fuero Contencioso Administrativo Federal, el Ejecutivo se enfrenta a una inminente penalización económica si no regulariza los fondos destinados al sistema universitario.