El Gobierno nacional formalizó este domingo la salida de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y tenía bajo su órbita la administración integral de la residencia presidencial. La decisión se produjo luego de que salieran a la luz graves cuestionamientos en torno a su gestión, marcada por contrataciones de familiares directos, presuntos gastos desproporcionados en insumos y polémicas licitaciones públicas que golpean de lleno en el esquema de confianza de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
La caída de la funcionaria se precipitó tras trascender los detalles de una profunda purga llevada a cabo la semana pasada en la quinta presidencial, donde el presidente Javier Milei ordenó el desplazamiento de gran parte del personal civil —incluyendo al intendente y equipo de cocina—, cuyos puestos fueron ocupados de manera transitoria por efectivos de las Fuerzas Armadas bajo argumentos de seguridad oficial. Sin embargo, la posterior salida de Agudiez confirmó que el verdadero trasfondo respondió a un quiebre político e institucional por el manejo de las instalaciones.
Claves del desplazamiento, nombramientos familiares y millonarias licitaciones
El escándalo institucional expuso una serie de irregularidades que motivaron el pedido de renuncia por parte del propio entorno presidencial:
Estructura de familiares designados: La exfuncionaria había incorporado a la estructura de la residencia a su cuñado —quien se desempeñaba como jardinero e intendente del predio—, además de primos, su hermana y su madre, generando un esquema de nombramientos cuestionado internamente.
Denuncias por contrataciones y sobreprecios: La gestión de Agudiez quedó en la mira por la adjudicación de una licitación de $700 millones destinada al mantenimiento de espacios verdes dirigida a empresas vinculadas a un mismo empresario, sumado a la utilización de un jubilado en situación de vulnerabilidad como supuesto proveedor estatal por más de $600 millones.
Eventos privados y uso de insumos: Trascendió que el círculo íntimo de la funcionaria utilizaba las instalaciones presidenciales para celebraciones particulares y que existían sospechas sobre el uso de recursos de la cocina oficial para emprendimientos gastronómicos privados.
La salida de la funcionaria generó repercusiones en el arco político afín y opositor, evidenciando tensiones internas en el núcleo de decisión del Ejecutivo nacional mientras se normalizan los controles sobre las cuentas y la administración de los bienes del Estado en la residencia presidencial.
