Un relevamiento técnico encomendado por las autoridades nacionales tras la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacó a la luz una diferencia contable de $158.717.131.557,63 entre los estados de deuda exigible reportados por distintas áreas del organismo.

La investigación administrativa, que auditó la gestión institucional hasta el 21 de agosto de 2025, puso bajo la lupa los expedientes de contratación, las erogaciones por caja chica, la nómina de personal, la gestión de inventarios y las liquidaciones a proveedores farmacéuticos por suministros de medicamentos e insumos médicos.

El informe oficial detalló importantes falencias en la carga de datos por parte de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas (Dnass), dependencia que además es investigada por el fiscal federal Franco Picardi en el marco de un expediente penal por presunto fraude contra la administración pública y cobro de retornos.

De acuerdo con las actuaciones judiciales e institucionales, se habrían ejecutado desembolsos a través de esquemas de excepción como el "legítimo abono", eludiendo las licitaciones ordinarias y generando sobreprecios en las facturaciones a droguerías, las cuales absorbió el Estado nacional por montos multimillonarios. Hallazgos contables, irregularidades administrativas y causa judicial

Los puntos clave identificados durante la auditoría técnica y la investigación penal se estructuran de la siguiente manera:

Brecha en los registros de deuda: El examen contable constató un desfasaje superior a los $158.717 millones al cotejar los listados de obligaciones exigibles de la Dnass con los balances centrales del organismo, atribuyendo parte de la distorsión a errores u omisiones en la carga de liquidaciones.

Uso recurrente del legítimo abono: Los auditores cuestionaron la cancelación sistemática de bienes y servicios prestados mediante el mecanismo extraordinario de legítimo abono, constatando que solo se habían formalizado seis procesos licitatorios regulares frente a desembolsos a droguerías que alcanzaron los $479.504 millones entre 2024 y agosto de 2025.

Investigación por retornos y sobreprecios: La fiscalía a cargo de Franco Picardi instruye una causa por presuntos pedidos de retornos de hasta el 20 % en las contrataciones del área de discapacidad, analizando la legalidad de los sobreprecios aplicados y la falta de controles administrativos previos.