El equipo jurídico de la ex presidenta Cristina Kirchner —encabezado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego— ofreció una conferencia de prensa este martes para anunciar la incorporación de un nuevo elemento probatorio ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la justicia nacional. La presentación busca desarticular el fundamento central de la sentencia dictada en la causa Vialidad, mediante el análisis técnico de una planilla contable de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que fue incorporada originalmente en el marco de la Causa Cuadernos.
De acuerdo con lo expuesto por los defensores, el peritaje sobre los fondos desembolsados por el Fideicomiso de Infraestructura Vial (Fuente 14 del Presupuesto Nacional) entre 2009 y 2015 revela que las empresas integrantes del Grupo Austral, vinculadas a Lázaro Báez, recibieron únicamente el 0,85% del total invertido en obras viales durante dicho período. Según planteó Beraldi, la evidencia técnica demuestra la falsedad de la acusación sobre un presunto direccionamiento o favoritismo sistemático hacia las firmas de Báez, ubicando a sus empresas en lugares relegados respecto de otros contratistas de la obra pública. Frente a este escenario, la defensa adelantó que solicitará la suspensión de los efectos de la condena y el levantamiento de la inhabilitación para ejercer cargos públicos mientras avanzan los reclamos internacionales.
Puntos clave del informe técnico y estrategia de la defensa
Los aspectos centrales del análisis financiero y de la acción encarada por los letrados comprenden:
Origen de la documentación: La información surgió de una planilla de datos con 80 columnas exhibida por un perito oficial de la DNV durante una audiencia testimonial en la Causa Cuadernos.
Cifras de inversión viales: Durante el período juzgado se ejecutaron más de USD 2.000 millones en obras viales, de los cuales sólo USD 18,66 millones (el 0,85%) correspondieron a proyectos vinculados al Grupo Austral a través del fideicomiso en cuestión.
Estrategia en el fuero internacional y nacional: La defensa recurrió al Comité de la ONU denunciando la vulneración de garantías constitucionales y adelantó que promoverá un recurso de revisión judicial en el ámbito interno para lograr el freno de la ejecución de la sentencia.
