La administración central anunció que formalizará nuevas acciones judiciales contra empresas multinacionales involucradas en tareas de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en el área de la plataforma continental correspondiente a las Islas Malvinas. La medida fue ratificada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto junto con la Procuración del Tesoro de la Nación profundizarán las presentaciones iniciadas la semana previa contra las firmas petroleras que operan bajo licencias unilaterales otorgadas por el Gobierno británico.

El esquema de presentaciones judiciales se fundamenta en los alcances de la Ley N.º 26.659, la cual sanciona la ejecución de operaciones hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin el aval formal del Estado nacional. De acuerdo con lo manifestado por el portavoz en conferencia de prensa, las actuaciones penales encabezadas por el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, buscan penalizar e inhabilitar a las corporaciones que vulneren la legislación vigente. En ese marco, el Ejecutivo ratificó el reclamo soberano sobre los archipiélagos del Atlántico Sur y reiteró la denuncia por el incumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que instan a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la zona en disputa.

En el plano estratégico y de seguridad, el vocero Presidencial adelantó que los aviones de combate F-16 adquiridos por la República Argentina a Dinamarca serán destinados a misiones de patrullaje y custodia de la futura base naval integrada que el Estado prevé construir en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El despliegue operacional de las aeronaves buscará reforzar la presencia institucional en el extremo austral del país y garantizar la resguardo del espacio soberano en el Atlántico Sur.