El destino de las reservas en oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a generar fuertes cuestionamientos en el ámbito parlamentario, luego de que legisladores nacionales de la oposición anunciaran la presentación de una denuncia penal para investigar las operaciones financieras vinculadas a los lingotes trasladados al exterior. La polémica cobró mayor volumen tras la exposición del titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, ante el Senado, donde sus declaraciones entraron en contradicción directa con informes preliminares presentados por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Durante su informe en la Cámara Alta, Bausili afirmó que los lingotes de oro se encuentran depositados en Suiza. Sin embargo, desde la oposición y los organismos de control señalaron que la AGN registra giros con destino a Inglaterra, al tiempo que cuestionaron la retención de documentación oficial que impide avanzar con la auditoría de los activos. Frente a este panorama, dirigentes de la oposición sostienen la hipótesis de que el activo financiero fue utilizado para la obtención de liquidez e inyección de divisas en la plaza local, por lo que requerirán la intervención de la Justicia Federal.
Cuestionamientos a la custodia de activos, cotización y reparos legislativos
Los puntos salientes del reclamo impulsado por el bloque opositor en el Congreso nacional comprenden los siguientes ítems:
Discrepancia sobre el destino físico: Mientras el BCRA aseveró ante los senadores que el metal precioso está en territorio suizo, la información recabada por la AGN indica que las remesas fueron enviadas a Inglaterra.
Monto y valoración patrimonial: Las estimaciones opositoras sobre el cargamento enviado al exterior rondan los mil lingotes. Si bien originalmente representaban unos 4.500 millones de dólares, el alza en la cotización internacional del mineral eleva su valuación actual por encima de los 10.000 millones de dólares.
Acciones judiciales y reparos normativos: La bancada opositora confirmó que formalizará una denuncia penal para esclarecer la naturaleza de las transacciones. Asimismo, cuestionaron los argumentos oficiales sobre probables embargos y rechazaron el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA por considerarlo un esquema de blindaje para las medidas administrativas vigentes.
