Tras el contundente avance de la oposición en la Cámara de Diputados para emplazar el debate sobre la morosidad y el crédito de consumo, el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei puso en marcha una estrategia parlamentaria orientada a amortiguar el impacto regulatorio sobre las entidades financieras y preservar el equilibrio fiscal.

La postura ratificada por la Casa Rosada sostiene que los compromisos crediticios representan acuerdos estrictamente entre partes privadas, por lo que la premisa oficial se enfoca en articular un dictamen de consenso con los bloques dialoguistas para neutralizar los proyectos opositores de mayor intervención estatal.

El esquema impulsado por la administración central establece tres condiciones intransigibles para avalar una normativa en el recinto. En primer lugar, la iniciativa no deberá generar erogaciones ni impacto sobre las arcas del Estado; en segundo término, se descarta de forma categórica la imposición de techos normativos a los tipos de interés que aplican los bancos y las billeteras virtuales; finalmente, la propuesta oficialista se limitará a profundizar la transparencia informativa en la comunicación del costo financiero total y a promover contenidos de educación financiera para los usuarios del sistema.

Con el objetivo de contener las iniciativas que demanden recursos públicos, la Libertad Avanza logró en la Cámara Baja que los proyectos referidos a la morosidad familiar no fueran girados a la Comisión de Presupuesto.

En paralelo, el cuerpo aprobó con 249 votos a favor el emplazamiento conjunto de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, fijando un cronograma formal para analizar cerca de medio centenar de iniciativas sobre tarjetas de crédito, comisiones y plataformas digitales. El esquema contempla reuniones informativas para las semanas previas a la firma de los dictámenes de comisión, instancia en la que el Gobierno aspira a consolidar una mayoría junto a sus aliados estratégicos.