El bloque de diputados del peronismo, conducido por Germán Martínez, impulsa una estrategia en el Congreso para profundizar el proyecto de endurecimiento de sanciones anunciado por Javier Milei contra firmas petroleras que actúan en la plataforma continental de las Islas Malvinas. La bancada opositora propondrá modificar la Ley 26.659 para extender las penalidades directamente al sector pesquero —la mayor fuente de ingresos del archipiélago—, apuntando a empresas extranjeras (principalmente de origen español) que operan en las islas bajo licencias ilegales y simultáneamente explotan recursos en el litoral marítimo continental argentino mediante sociedades asociadas.
La movida parlamentaria busca aprovechar la rendija del discurso presidencial, en el cual Milei mencionó que las restricciones alcanzarán a "otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales". El plan opositor forma parte de una ofensiva geopolítica que incluye la revisión del Convenio de Doble Imposición que beneficia impositivamente a firmas británicas con operaciones en el país y el control parlamentario sobre los proyectos energéticos y militares en la Patagonia austral.
Control soberano de la Base Antártica, investigación por el RIGI y el caso Harbour Energy
La agenda impulsada desde el Congreso busca incorporar condicionamientos clave en torno a la infraestructura y los incentivos a las grandes inversiones:
Soberanía en la Base Naval de Tierra del Fuego: El bloque opositor sumará un articulado para garantizar que la Base Naval Integrada que el Poder Ejecutivo anunció que reactivará no pueda ser cedida ni operada por fuerzas militares extranjeras, ante las sospechas de acuerdos con Estados Unidos para el manejo logístico del enclave estratégico en el Atlántico Sur.
Auditoría sobre beneficiarios del RIGI: El peronismo evalúa crear una comisión investigadora parlamentaria para constatar si las corporaciones que adhieren al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) mantienen actividades comerciales paralelas en territorio malvinense.
El antecedente Harbour Energy: La lupa parlamentaria está puesta sobre Harbour Energy, firma que posee el 15% de Southern Energy (a cargo de un megaproyecto para la exportación de GNL). Harbour Energy es la continuación jurídica de Premier Oil, compañía inhabilitada e identificada formalmente por el Estado argentino como clandestina por desarrollar prospección hidrocarburífera no autorizada en torno a las islas.
