Una serie de negociaciones bilaterales entre las autoridades municipales de la ciudad de Punta Arenas y los representantes de la administración británica que opera en las islas Malvinas derivó en la articulación de un nuevo paso marítimo comercial entre la región de Magallanes y el archipiélago. La iniciativa, dada a conocer por el diario trasandino El Mercurio, proyecta el inicio de sus operaciones navieras para el próximo mes de noviembre. La ejecución del proyecto estará a cargo de la firma naviera chilena Easter Island Naviera (EIL), empresa que actualmente gestiona el recorrido subsidiado entre Valparaíso e Isla de Pascua y que ahora busca ampliar su flota para dar cobertura logística continua a las islas.

La puesta en marcha de este corredor responde de manera directa a la necesidad de reducir los costos y los tiempos de flete para el abastecimiento insular. En la actualidad, la principal conexión marítima con el continente sudamericano se realiza a través del puerto de Montevideo, lo que implica una travesía marítima cercana a los 2.000 kilómetros. Con la habilitación del puerto de Punta Arenas, la distancia de navegación se reducirá a la mitad, ubicándose en aproximadamente 1.000 kilómetros. Esta optimización geográfica no solo busca abastecer a las islas con rubros esenciales —tales como productos alimenticios frescos, vino, materiales destinados a la construcción, gas licuado de petróleo y repuestos mecánicos—, sino también brindar soporte operativo al desarrollo del proyecto petrolero offshore Sea Lion, un yacimiento hidrocarburífero en aguas continentales cuya ejecución bajo autoridad británica ha sido objeto de reiteradas protestas diplomáticas por parte del Gobierno de la República Argentina.

Desde el punto de vista económico trasandino, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se ha posicionado como uno de los principales promotores del trazado. Según las estimaciones de la alcaldía magallánica, las islas representan un poder de compra anual cercano a los 20 millones de dólares en bienes de consumo y servicios logísticos. Asimismo, las autoridades locales sostienen que la reapertura del flujo comercial busca contrarrestar las pérdidas históricas calculadas en unos 300 millones de dólares, acumuladas tras la interrupción de los intercambios comerciales y la aplicación de restricciones previas en la región. Para terminar de cerrar los acuerdos de provisión y contratación, una delegación empresarial de la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC) junto a la Cámara de Comercio local viajará a Punta Arenas los días 28 y 29 de septiembre con el fin de entablar una ronda de negocios con proveedores regionales.

En el plano geopolítico y legal, el anuncio reaviva la tensión diplomática entre Santiago y Buenos Aires en un momento de especial sensibilidad por la soberanía en el Estrecho de Magallanes. La iniciativa enfrenta la vigencia del Decreto nacional 256/2010 de la República Argentina, norma que exige una autorización previa de las autoridades competentes del Estado argentino para todos aquellos buques que pretendan navegar entre los puertos del territorio continental y los puertos ubicados en las islas Malvinas atravesando aguas jurisdiccionales argentinas. Si bien diversos exmandos de la Armada de Chile han advertido sobre el impacto negativo que este servicio provocará en las relaciones bilaterales y en el cumplimiento de los tratados regionales, desde la alcaldía de Punta Arenas sostienen que no se vulneran las resoluciones del Mercosur tomadas en 2011 debido a que la embarcación destinada a prestar el servicio operará bajo pabellón chileno y no con la insignia de las islas.