El consultor político Fernando Cerimedo, exasesor de la campaña de Javier Milei en Argentina y colaborador en la estrategia del mandatario boliviano Rodrigo Paz, prestó declaración informativa ante la Justicia de Bolivia en el marco de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.

El proceso avanza en paralelo a la causa judicial por la que actualmente cumple prisión preventiva, imputado por el intento de femicidio de su pareja, Nadia Beller. Durante la audiencia, en la que el estratega optó por abstenerse de responder a un cuestionario de más de 200 preguntas formulado por los fiscales, justificó su patrimonio al asegurar que percibe cerca de un millón de dólares al mes desde 2025, extendiéndose dicha cifra al transcurso de 2026.

Ante los estrados judiciales, Cerimedo sostuvo que la totalidad de sus ingresos proviene de actividades corporativas lícitas radicadas en el exterior. Detalló que en Estados Unidos controla la firma Numen Group Inc. desde 2021, mientras que en Argentina encabeza la agencia Numen de Publicidad —que cuenta con dos sucursales y un plantel de 35 empleados—, la plataforma formativa Academia Numen y la productora audiovisual USRL, sociedades en las cuales comparte participación con su esposa, Natalia Basil.

Respecto de su situación en Bolivia, aseveró no poseer sociedades ni cuentas registradas localmente y justificó sus frecuentes ingresos al país trasandino por su intención de afincar un proyecto publicitario en la región.

En relación con su injerencia política en el gobierno boliviano, el consultor rechazó enfáticamente poseer representación oficial del Estado o de la familia presidencial.

Explicó que su intervención en la contienda electoral se limitó a brindar asesoría informal en comunicación digital a favor del equipo de Rodrigo Paz, afirmando que no existieron contratos escritos, pagos de empresas locales ni financiamiento público hacia sus empresas. La fiscalía continuará con el entrecruzamiento de datos monetarios y el análisis del flujo migratorio para determinar la consistencia legal de los fondos declarados.