Las tres principales centrales sindicales del país —la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores— se retiraron este viernes de la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La medida de fuerza de la dirigencia gremial se adoptó tras calificar como "irrisoria" la propuesta de recomposición salarial presentada por las cámaras empresarias. Ante el rotundo desacuerdo entre las partes, la facultad de establecer el nuevo valor del piso salarial quedará en manos del presidente Javier Milei, quien deberá laudar la pauta de ingresos mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

El ofrecimiento unificado del sector empresario contemplaba una pauta de incremento del 1,8% para septiembre y ajustes mensuales del 1,7% a aplicar entre octubre de 2026 y abril de 2027. De haberse aceptado, la suba inicial de septiembre hubiera representado un haber mínimo de apenas $383.378 —es decir, un haber adicional de unos $6.000 respecto a los $376.600 vigentes fijados a fines de 2025—, alcanzando un techo de $468.000 recién para el cuarto mes del próximo año.

Desde la vereda sindical, los representantes gremiales catalogaron la oferta como una propuesta que profundiza la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora frente al costo de vida. La demanda unificada del arco obrero exigía un Salario Mínimo de $911.202 retroactivo a julio y una escala ascendente para alcanzar los $993.300 en diciembre, tomando como parámetro los últimos datos del Indec que ubican a la Canasta Básica Total (CBT) por encima de los $1,5 millones para un hogar tipo.

A las divergencias económicas se sumaron fuertes cuestionamientos metodológicos e institucionales. Las centrales obreras repudiaron que el encuentro se mantuviera bajo modalidad virtual y denunciaron la ausencia del secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, lo que interpretaron como una falta de jerarquización de la mesa de negociación colectiva. No obstante, desde la conducción sindical aclararon que la retirada no representa un abandono de la vía del diálogo, sino la exigencia formal de convocar a discusiones presenciales que garanticen ingresos compatibles con la canasta básica.