Profesionales y terapistas de tratamientos para discapacidad denuncian que la cadena de pagos se interrumpió hace diez días, dejando sin fondos a todo el sistema. Los desembolsos corresponden a los meses de mayo y junio —que debían liquidarse durante agosto—, la tensión se trasladó a las calles. Hay una convocatoria a movilización en Mar del Plata y desde Cutral Co - Plaza Huincul, se analizan medidas.

En Mar del Plata, la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (Aspredis) convocó a una manifestación bajo la consigna "Trabajamos, cumplimos, no cobramos". Por su parte, la asociación Incluime anticipó que este lunes 31 de agosto comenzará la suspensión de tratamientos médicos y asistenciales, medida que irá acompañada de movilizaciones sociales hasta obtener una solución concreta.

El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una nueva crisis y parece no encontrar fondo. La Superintendencia de Servicios de Salud dejó de girar los fondos a las obras sociales y prepagas, lo que interrumpió de manera generalizada la cadena de pagos a los prestadores. La medida, que afecta a miles de terapistas, psicólogos y fonoaudiólogos, derivó en una ola de protestas y en la decisión de suspender tratamientos a partir del lunes.

"No sé sabe si es ARCA o qué pero deben mayo, incluso desde antes. Dicen que hoy, que mañana pero hace 10 días esperamos. Nos organizamos. El lunes se suspenden tratamientos y vamos a marchar. Los grupos están prendidos fuego", relató una prestadora.

La profesional explicó el circuito de pago: «El profesional o terapista factura, lo manda a la obra social, la obra social lo presenta a la Superintendencia, la Superintendencia le liquida a ARCA, ARCA transfiere a la cuenta de discapacidad y las obras sociales transfieren a los prestadores. Lo que pasó es que se interrumpió la transferencia, no sabemos si de Superintendencia a ARCA o de ARCA a las obras sociales. A esta altura del mes tenemos la mayoría de las transferencias pero hoy tenemos cero pesos".

Profesionales, terapistas y prestadores de servicios para personas con discapacidad se declararon en estado de alerta máxima tras confirmarse una interrupción generalizada en la cadena de pagos. La crisis se profundizó luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud dejara de girar los fondos a las obras sociales y prepagas, situación que paralizó los desembolsos correspondientes a las prestaciones brindadas en los meses de mayo y junio, las cuales debían haberse liquidado durante el mes de agosto.

La medida impacta de forma directa sobre miles de psicólogos, fonoaudiólogos y kinesiólogos en todo el país, quienes denunciaron que la falta de liquidez deja sin fondos al sistema de atención. El circuito administrativo de facturación —que involucra la validación de las prestaciones entre las obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— se encuentra trabado hace más de diez días sin respuestas oficiales.

El martes el Gobierno nacional oficializó un incremento del 2,10% correspondiente a agosto en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La medida se formalizó mediante la Resolución 2775/2026, con la firma del secretario Alejandro Alberto Vilches, y aplicó el ajuste sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Sin embargo, el anuncio fue rechazado fuertemente por los prestadores de salud del sector, quienes calificaron la suba como insuficiente frente al contexto socioeconómico y denunciaron que la actualización no se traslada a los cobros reales. Profesionales del área advirtieron sobre la gravedad de recibir incrementos ínfimos mientras persisten severos atrasos en la liquidación efectiva de los honorarios acumulados.

La problemática impacta a nivel nacional. Desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (Capredis) alertaron que la causa central del desfinanciamiento está ligada a un déficit de recaudación en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), producto de la caída en el empleo formal. La entidad advirtió que el sistema de atención se encuentra al borde de una crisis terminal, lo que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos para miles de usuarios en todo el país.

En el ámbito legislativo, la oposición intentó sumar la extensión de la emergencia en discapacidad a la agenda de la Cámara de Diputados, pero no reunió la mayoría agravada requerida. La propuesta registró 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones. Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO votaron en contra, en tanto que la UCR y el MID optaron por la abstención. A pesar de este freno, las bancadas opositoras aseguraron contar con el quorum para insistir sobre el proyecto en una sesión especial, la cual quedó convocada para el próximo 9 de septiembre a las 12 horas.