El oficialismo dio inicio a un esquema de reuniones virtuales con las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para discutir la propuesta de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. El proyecto, ingresado al Senado por el Poder Ejecutivo bajo el Mensaje 108/26 y coordinado por la senadora Patricia Bullrich, busca recabar observaciones de los ministerios locales para consolidar un texto de consenso antes de su votación en el recinto.
La iniciativa retoma el debate parlamentario tras la realización de plenarios en las comisiones de Salud y Legislación General, donde expusieron más de 70 referentes entre profesionales, trabajadores del sector, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones de familiares.
Modificaciones operativas e instrumentos técnicos
El texto articulado por el Ejecutivo introduce instrumentos para el abordaje sanitario y la reorganización de la atención:
Directivas anticipadas y telemedicina: La propuesta incorpora la figura de las directivas anticipadas dentro de los derechos del paciente, permitiendo fijar por adelantado el consentimiento o rechazo a determinados tratamientos. A su vez, se formaliza el uso de la teleconsulta como mecanismo para extender la cobertura en zonas de difícil acceso.
Adecuación de equipos e internaciones: La conformación de los equipos interdisciplinarios quedará condicionada a la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción. En paralelo, se busca revisar el régimen de internaciones para otorgar mayor flexibilidad frente a situaciones de crisis.
Cuestionamientos de organizaciones y debate presupuestario
La reforma enfrenta posturas encontradas por parte de entidades especializadas que advierten sobre posibles retrocesos en el enfoque de derechos humanos:
Riesgo en el modelo comunitario: La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expresaron que los cambios restan centralidad a la red de atención territorial, desplazan disciplinas integrales al dar mayor peso a la psiquiatría e incrementan la posibilidad de retornar a esquemas de internación en centros monovalentes.
Financiamiento de los dispositivos: Las organizaciones objetaron la supresión del piso presupuestario específico que establece la normativa vigente, argumentando que la quita de garantías financieras dificulta el sostenimiento de equipos profesionales, viviendas asistidas y centros de día en las provincias.
