La medida convocada por la CONADU y otros gremios paralizará las universidades públicas de todo el país.

Desde la UBA denuncian el atraso en los fondos, la pérdida del 30% del poder adquisitivo de los salarios y una preocupante fuga de profesionales e investigadores hacia el sector privado o el exterior.

El conflicto presupuestario entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional sumará un nuevo hito de protesta.

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y sindicatos de base como FEDUBA anunciaron una huelga nacional de 48 horas para los días jueves 27 y viernes 28 de agosto.

El reclamo central exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo texto fue ratificado por el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo pero sigue sin girarse a las casas de estudio. La protesta vuelve a tensar la relación institucional en medio de fallos judiciales favorables a las casas de altos estudios que ordenan la actualización de las partidas pero cuya ejecución sigue en disputa. Falta de transferencias y erosión salarial

En declaraciones públicas, el director del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA, Felipe Vega Terra, advirtió sobre el ahogo financiero que atraviesa la educación superior:

Incumplimiento de la norma: Las transferencias presupuestarias previstas por la ley aprobada por el Congreso continúan congeladas, afectando tanto los gastos operativos de funcionamiento como las partidas salariales y el pago de becas estudiantiles.

Caída del poder adquisitivo: Los aumentos salariales fueron aplicados de manera unilateral por el Ejecutivo sin negociación paritaria. Según datos del sector, el atraso salarial acumulado ronda un tercio (30%) de pérdida real desde diciembre de 2023. Recomposición requerida: Para equiparar el poder de compra registrado a fines de 2023, los gremios calculan que se necesitaría un ajuste superior al 50% sobre los sueldos actuales.

Preocupación por la fuga de cerebros

Autoridades académicas manifestaron su alerta por el impacto del atraso de ingresos en el cuerpo docente y de investigación. El deterioro de los sueldos —especialmente en dedicaciones simples y semi-exclusivas— aceleró la migración de profesionales capacitados con maestrías, doctorados y posdoctorados hacia el sector privado o hacia universidades fuera del país. Desde las casas de altos estudios señalan que esta pérdida de recursos humanos altamente calificados pone en riesgo la calidad académica, el desarrollo tecnológico y la continuidad de las líneas de investigación científica nacional. Escenario judicial e instalación de carpas de protesta

El paro docente coincidirá además con la instalación de la "Carpa por la Universidad y la Soberanía" frente al Palacio Pizzurno (sede de la Secretaría de Educación) y en distintos puntos del país. En el plano legal, el conflicto sumó definiciones tras el rechazo de la Corte Suprema a recursos presentados por el Gobierno, dejando la ejecución de las cautelares por recomposición salarial a cargo de la justicia contenciosa administrativa.