Un informe de Amnistía Internacional reveló el despliegue de una infraestructura de videovigilancia y ciberpatrullaje en Argentina que combina inteligencia artificial, reconocimiento facial y drones. Según la organización, este esquema consolida un modelo de "tecnoautoritarismo" que vulnera los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la protesta pacífica.

El documento, titulado Estado de vigilancia, analiza las políticas de seguridad implementadas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Allí se detalla que el Ministerio de Seguridad Nacional destina millonarias partidas a licencias de softwares como Clearview AI —para reconocimiento facial— y Maltego —para análisis de redes sociales—, además de unidades de drones para transmisión en vivo. En la Ciudad de Buenos Aires, la red de cámaras alcanzó un 82% de cobertura, mientras que el protocolo antipiquetes y la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad sistematizan información sobre manifestantes.

Impacto social y el efecto "panóptico"

La investigación compara este despliegue con la teoría del panóptico, donde la presunción de ser observado de manera ininterrumpida condiciona la conducta individual y genera una obediencia preventiva que desarticula la movilización social sin necesidad del uso de la fuerza física.

Entrevistas realizadas a periodistas, activistas y jubilados dieron cuenta de un marcado efecto inhibidor: la percepción de monitoreo permanente derivó en prácticas de autocensura, mayor cautela en las comunicaciones y el alejamiento de los espacios públicos.