El oficialismo obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II, tras acordar modificaciones clave en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal. La nueva redacción restringe explícitamente de sus beneficios a los representantes de los tres poderes del Estado, inhabilitación que se extiende tanto a quienes ejercen funciones públicas en la actualidad como a quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad en los últimos cinco años.

La prohibición abarca a autoridades del Poder Ejecutivo nacional, provincial y municipal con rango igual o superior a secretario de Estado, además de legisladores, magistrados, integrantes del Ministerio Público y representantes parlamentarios. Para este universo de contribuyentes, la norma elimina la posibilidad de acceder a la presunción de exactitud o la liberación de fiscalizaciones, limitando su participación exclusivamente a la presentación de la declaración jurada y al pago de los saldos de Ganancias.

A la par de las restricciones para el sector público, el despacho final eliminó los topes patrimoniales y de facturación que limitaban el ingreso al régimen, permitiendo la incorporación de grandes contribuyentes. Asimismo, el texto contempla beneficios salientes para pequeñas y medianas empresas, entre los que destacan un esquema de tolerancias para evitar fiscalizaciones de ARCA ante variaciones menores y reducciones de hasta un 25% en multas por infracciones formales. El bloque oficialista prevé impulsar el debate de la iniciativa en el recinto durante la sesión convocada para el 26 de agosto.