Un análisis elaborado por la consultora Galois reveló que el Gobierno nacional retuvo $784.290 millones entre enero y julio de 2026, dinero que debería haberse destinado al mantenimiento de las rutas de todo el país. La cifra corresponde al ejercicio de coparticipar el 35,44% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), una porción de fondos fiduciarios que el Ministerio de Economía decidió no transferir y colocar en inversiones financieras para mantener el superávit.

El informe detalla que, sobre una recaudación total acumulada de $3.839.125 millones en los primeros siete meses del año, la masa en disputa asciende a $1.334.735 millones.

De aplicarse el esquema de coparticipación federal, la provincia de Buenos Aires encabeza el reparto hipotético con $166.359 millones, seguida por Santa Fe ($67.704 millones) y Córdoba ($67.266 millones). En la Patagonia, Río Negro habría recibido $19.115 millones y Neuquén $13.148 millones, mientras que las provincias de Chubut y Santa Cruz percibirían $11.981 millones cada una.

La retención de estos recursos específicos —asociados al Fideicomiso de Infraestructura Vial y al transporte— reavivó la tensión entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. Mientras el Ejecutivo nacional confirmó que utiliza dichos saldos para consolidar las metas fiscales, los gobiernos provinciales denuncian el parate de las obras públicas y el acelerado deterioro de la red vial nacional por la falta de inversión estatal.