La reconstrucción patrimonial realizada por la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita determinó que los ingresos y egresos de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, conformaron una unidad económica con desproporciones entre los ingresos registrados y su nivel de vida. En virtud de los hallazgos, el juez Ariel Lijo otorgó un plazo de 15 días al ex jefe de Gabinete para que presente la justificación documental de sus bienes y erogaciones.
Incremento de erogaciones y salto patrimonial
El informe pormenoriza la evolución de los gastos corrientes y extraordinarios del grupo familiar a partir de su ingreso a la función pública en diciembre de 2023:
·Evolución de gastos: el matrimonio pasó de registrar erogaciones anuales por $1.801.864,24 al cierre de 2023 a alcanzar los $113.308.286,69 en 2024. En 2025 los consumos ascendieron a $122.519.161,48, mientras que hasta su renuncia en junio de 2026 se contabilizaron $35.191.519,79.
·Balance en pesos: en el período analizado se acreditaron egresos totales por $272.820.832,20 frente a ingresos comprobados de la pareja por $229.752.283,20 ($103,2 millones de haberes estatales de Adorni y $126,5 millones de su cónyuge), lo que arroja un saldo sin justificar de $43.068.549.
·Operaciones en dólares: se identificaron gastos por USD 402.578,12, de los cuales USD 374.081,66 fueron abonados en efectivo billete y solo USD 28.496,46 circularon por la vía bancaria.
Inmuebles, vehículos y rectificaciones bajo la lupa
La investigación identificó desembolsos extraordinarios que incluyen la compra de un vehículo Jeep Compass en marzo de 2024 por $21,5 millones, la adquisición del lote 380 en el Country Indio Cuá por USD 120.000 y el pago en efectivo de USD 245.000 por la remodelación de esa vivienda. A esto se suma la adquisición del 50% de un inmueble sobre la calle Miró, viajes al exterior y gastos en equipamiento.
Asimismo, la fiscalía cuestionó las rectificaciones presentadas por el exfuncionario ante la Oficina Anticorrupción, donde su declaración inicial de USD 42.500 en el rubro créditos fue modificada posteriormente a tenencias de USD 513.000 al cierre de 2023. La Justicia exigió acreditar el origen, la trazabilidad y la disponibilidad efectiva de dichas divisas.
