En el marco del plan de privatizaciones del Gobierno nacional con el que busca recaudar unos 2.300 millones de dólares, la causa que investiga la entrega de los complejos hidroeléctricos de la región sumó una nueva presentación judicial. La Fundación Soberanía amplió su denuncia ante el Juzgado Federal de General Roca, a cargo de Hugo Greca, solicitando la nulidad absoluta de las adjudicaciones y la citación urgente a indagatoria de los empresarios beneficiados.

El escrito advierte sobre una supuesta "cadena de ilegalidades" diseñada desde el Ministerio de Economía para desvalorizar los activos del Estado y direccionarlos hacia un reducido grupo de firmas con vínculos políticos.

Los cuatro ejes de la denuncia judicial

La presentación detalla un mecanismo de opacidad procedimental dividido en cuatro puntos centrales:

·Elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN): el organismo, bajo la órbita de Economía, argumentó falta de plazos para realizar la tasación. La denuncia sostiene que se buscó generar de forma deliberada una imposibilidad temporal.

·Intervención del BICE: tras desplazar al TTN, se derivó la tasación a la unidad del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Se cuestiona su falta de imparcialidad por depender del mismo ministerio que ejecuta las privatizaciones.

·Subvaluación de activos: se impugnó el uso del método de Flujo de Fondos Descontados (FFD) por calcular ganancias hipotéticas, en lugar de utilizar el método de valor patrimonial recomendado por la normativa del TTN y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

·Concurso sin base y apuro fiscal: la urgencia por recaudar fondos derivó en un proceso sin precio base claro y con concentración de funciones en una misma estructura gubernamental.

Las centrales adjudicadas y los empresarios señalados

La ampliación de la denuncia individualiza a los grupos adjudicatarios y exige la citación a indagatoria de sus principales directivos:

·Alicurá y Cerros Colorados: adjudicadas a Edison Inversiones S.A.U. (Grupo Neuss, de los hermanos Patricio y Juan Neuss), señalados en el expediente por su cercanía al asesor presidencial Santiago Caputo.

·El Chocón-Arroyito: otorgada a BML Inversora S.A.U. (MSU Green Energy, del empresario Manuel Santos Uribelarrea).

·Piedra del Águila: asignada a Central Puerto S.A., cuyos accionistas de referencia son Guillermo Reca, Eduardo Escassany y la familia Miguens Bemberg.

Frente a estas presuntas irregularidades, los denunciantes solicitaron la suspensión del proceso y la declaración de nulidad de todo lo actuado.