Con la entrada en vigencia de la Ley 3551 el pasado 1 de agosto, la provincia de Neuquén dejó atrás una normativa de más de 50 años para convertirse en la primera jurisdicción de la Argentina y de Latinoamérica en aplicar el modelo adversarial a los juicios civiles y comerciales. La reforma reemplaza al código de 1975 por un sistema moderno orientado a agilizar los tiempos judiciales y reducir la burocracia.
El nuevo Código Procesal Civil Adversarial (CPCA) adopta el esquema que la provincia ya aplica en el fuero penal: la conducción del proceso recae en las partes y sus abogados —quienes presentan pruebas, argumentan y pueden celebrar acuerdos procesales—, mientras que la función del juez se centra en garantizar el debido proceso y dictar sentencia. Entre las principales novedades destacan:
·Sucesiones: posibilidad de continuar el trámite de forma extrajudicial una vez obtenida la declaratoria de herederos, incluyendo incentivos fiscales para quienes alcancen un acuerdo privado en la distribución de bienes.
·Desalojos y deudas: implementación de un trámite especial simplificado para la restitución de inmuebles con plazos más breves que habilitan el avance durante la feria judicial, así como la agilización en el cobro de acreencias.
·Prueba digital y gratuidad: otorgamiento de pleno valor probatorio a correos electrónicos y mensajes digitales, junto con la solicitud del beneficio de gratuidad mediante una simple declaración jurada.
·Digitalización y audiencias: registro obligatorio en audio y video para las audiencias orales, mantenimiento del expediente electrónico a través del sistema Pehuén y aplicación inmediata de las nuevas reglas sin invalidar los trámites iniciados antes de su vigencia.
La elaboración del texto, de 621 artículos, demandó cerca de un año de debates en una comisión tripartita con participación de representantes de las siete regiones provinciales, colegios de abogados y universidades. De cara a la puesta en marcha, el Poder Judicial concretó la capacitación de más de 230 magistrados, funcionarios y operadores judiciales del territorio neuquino.
