
La iniciativa prohíbe la adquisición a estados extranjeros y suma exigencias al régimen de expropiaciones para reforzar la seguridad jurídica.
En el marco de la antesala de una sesión clave para el Ejecutivo nacional, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, hizo públicos los ajustes finales incorporados al dictamen de la Ley de Tierras. La reforma fija un tope del 25% para la titularidad de tierras rurales en manos de particulares extranjeros y veta de forma absoluta la compra por parte de estados extranjeros.
El texto establece en su artículo 25 la obligatoriedad de inscribir cada operación en los registros inmobiliarios provinciales bajo un asiento especial que detalle la nacionalidad del comprador. Asimismo, las personas jurídicas o figuras asociativas con participación estatal directa o indirecta requerirán la autorización conjunta del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente. Según destacó Bullrich, el consenso alcanzado con el PRO, la UCR y bloques provinciales alinea la normativa con estándares similares a los de Brasil.
El proyecto introduce además modificaciones a la Ley 21.499 de expropiaciones con el objetivo de restringir la discrecionalidad estatal. Para que un bien sea declarado de utilidad pública, la ley exigirá detallar de manera explícita el fin perseguido y demostrar que la medida resulta idónea, necesaria y proporcional.
