El abogado Alfredo Cury, volvió a ser noticia por un pedido de juicio político y denuncia contra un intendente. Ahora le tocó el turno a Esteban Guillermo Cimolai, de Centenario. Hace una semana atrás, hizo lo propio con Claudio Larraza de Plaza Huincul.
Cury presentó dos denuncias penales, una por el pago de pauta de difusión institucional a un concejal en ejercicio y otra contra “la Secretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial, Arq. Eugenia Lucía Jafella, por su actuación simultánea como directora de obra privada en un trámite sustanciado ante su propia dependencia”.
Al mismo, tiempo presentó el pedido de Juicio de Remoción del intendente Cimolai “por las causales de indignidad, inconducta y mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
El profesional inició su raid en Plaza Huincul, donde pidió el inicio del juicio político al intendente Claudio Larraza tras efectuar una denuncia en la justicia penal. No se conocen los términos exactos de la presentación aunque, algunas versiones, señalan que abordaría el tema de la obra de la avenida Córdoba que, casualmente, ya había sido denunciada por el concejal Fernando Doroscehnco quien, también realizó una presentación formal en la fiscalía de Cutral Co en el mes de mayo pasado.
Quienes conocen la trayectoria de Alfredo Cury señalan que mantiene un duro enfrentamiento con el gobernador Rolando Figueroa y, por ello, apuntó al intendente de Plaza Huincul.
No obstante, el abogado espera la definición de la condena por su participación en el caso de las estafas con planes sociales desde el ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. Por esta razón, fue despedido del cargo político que ocupaba e inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida.
Como es conocido, Cury fue declarado responsable, como partícipe primario, y se le impuso la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva. No obstante, el profesional presentó un pedido de impugnación a la sentencia que espera definición.
Como se recordará, la investigación logró demostrar el desvío de fondos destinados a subsidios a la desocupación, que eran otorgados por el ministerio de Desarrollo Social de la provincia durante la última gestión de Omar Gutiérrez. De acuerdo a la sentencia judicial, ese dinero se utilizó para financiar “ilegalmente” las actividades políticas del MPN. Hubo 12 condenados, entre ellos Cury que también aguarda que se resuelve un pedido de la fiscalía para aplicar la figura de asociación ilícita, que podría agravar su condena.
