
El Poder Ejecutivo nacional enfrenta un escenario complejo en la Cámara de Senadores para alcanzar los consensos necesarios que le permitan aprobar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Durante una reunión realizada bajo modalidad telemática, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, constató la persistencia de diferencias de fondo con las bancadas aliadas en torno al capítulo que desregula la venta de tierras a titulares extranjeros.
El punto de conflicto: límites territoriales a la enajenación
El eje de la discusión parlamentaria radica en las condiciones fijadas para la adquisición de suelo por parte de personas humanas o jurídicas del exterior. Mientras que la redacción elaborada bajo la supervisión del Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, elimina prácticamente las trabas a la venta de inmuebles rurales, los senadores que responden a los gobernadores exigen fijar un límite normativo.
Actualmente, la legislación vigente establece un techo del 15% del territorio nacional o provincial habilitado para la titularidad extranjera. Las bancadas colaborativas buscan incorporar en la nueva ley un tope de entre el 20% y el 30% por provincia para evitar una extranjerización desregulada de los recursos naturales. Ante la falta de acuerdo, el tratamiento del proyecto —que ya sufrió tres postergaciones en el recinto— se encamina hacia un cuarto intento fijado de manera tentativa para la sesión del próximo 6 de agosto.
Modificaciones informales y números ajustados en el recinto
Las conversaciones para destrabar el articulado se desarrollan de forma paralela a las comisiones permanentes, bajo la coordinación del exsenador Víctor Zimmermann y la propia bancada oficialista. La redacción del apartado sobre tierras ha atravesado cerca de una veintena de reescrituras informales sin lograr aún un texto de consenso que cuente con el visto bueno del Poder Ejecutivo.
En lo que respecta al poroteo de votos, la suma de las bancadas de la oposición que conducen José Mayans y Carolina Moisés reúne 28 legisladores alineados en el rechazo. A ese bloque se añadirían tres representantes del radicalismo, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo, alcanzando un piso firme de 33 votos en contra. Con la postura indefinida de los representantes de Misiones y Santa Cruz, el oficialismo queda al borde de no obtener la mayoría, lo que reaviva la atención sobre el eventual rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel en caso de que se configure un empate en la votación.
