El bloque oficialista en la Cámara Alta busca reactivar la agenda legislativa mediante el tratamiento de dos iniciativas centrales para el programa económico del Poder Ejecutivo: el proyecto de Ley de Propiedad Privada y el nuevo marco de incentivos denominado "Súper RIGI". Ambas propuestas forman parte de un paquete prioritario para la Casa Rosada, orientado a desregular mercados y promover el ingreso de capitales en sectores estratégicos.

Nuevas pautas para la adquisición de inmuebles rurales

El proyecto sobre propiedad privada modifica el esquema vigente con el objetivo de eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros. La redacción contempla otorgar a las administraciones provinciales la facultad decisiva para avalar o rechazar las transacciones en sus respectivos territorios.

En la versión final consensuada entre el bloque oficialista y el Ministerio de Desregulación, se sostuvo la prohibición de venta de terrenos a Estados extranjeros o corporaciones con participación estatal, salvo previa autorización expresa. A su vez, para los inmuebles localizados en zonas de frontera se requerirá una validación conjunta del Gobierno Nacional y la provincia correspondiente. El texto definitivo excluyó además el mecanismo de silencio administrativo, por lo que la falta de respuesta institucional ya no implicará la aprobación automática de la operación.

Incentivos para proyectos de frontera tecnológica

De manera simultánea, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión, y Legislación General del Senado darán inicio al tratamiento del "Súper RIGI".

La iniciativa procura atraer desembolsos de gran escala hacia actividades emergentes y de alto desarrollo tecnológico, tales como la biotecnología, la fabricación de baterías, el desarrollo de semiconductores, la inteligencia artificial y las energías renovables.

Para acceder a las exenciones impositivas, cambiarias y aduaneras planteadas en el proyecto, las empresas deberán comprometer una inversión mínima de 1.000 millones de dólares. El oficialismo aspira a reunir los avales necesarios junto a los bloques dialoguistas para firmar el dictamen correspondiente y llevar la propuesta al recinto antes de finalizar el mes.