
La conducción del partido, encabezada por Leonel Chiarella, solicitó al bloque no acompañar la iniciativa del Ejecutivo. El posicionamiento radical pone en duda la realización de la sesión prevista para el 6 de agosto por falta de votos.
El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), bajo la presidencia de Leonel Chiarella, solicitó formalmente a los integrantes de su bloque en el Senado que rechacen el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido como Ley de Tierras, presentado por el oficialismo.
La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial y a través de reuniones del titular del partido con los legisladores de la bancada que conduce Eduardo Vischi, con el objetivo de unificar la postura parlamentaria en la Cámara alta.
Hasta el momento, los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama anticiparon su voto negativo, mientras que la conducción radical busca sumar la adhesión de otros integrantes del bloque que evalúan la medida o proponen esquemas de provincialización.
Fundamentos del rechazo y reparos normativos
Desde el Comité Nacional argumentaron que "la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra" y advirtieron que la eliminación de las restricciones vigentes "compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país".
Asimismo, señalaron análisis sobre legislaciones comparadas de países como Estados Unidos, Australia, Francia y Brasil, destacando que en dichas jurisdicciones existen normativas recientes que imponen límites o restricciones a la adquisición de suelo rural por parte de extranjeros.
En las discusiones internas también se cuestionó la asimetría de las condiciones para los productores locales en materia impositiva frente a los beneficios contemplados para compradores del exterior.
Escenario parlamentario ajustado
La postura adoptada por el radicalismo complica las aspiraciones de La Libertad Avanza para alcanzar la mayoría de 37 bancas necesaria para la aprobación del texto en el recinto.
En ese marco, la bancada oficialista —que cuenta con 21 senadores— explora acuerdos con legisladores de bloques provinciales, aunque las negociaciones presentan dificultades particulares en distritos de frontera o con recursos hídricos estratégicos. Debido a la falta de consensos consolidados, la convocatoria a la sesión fijada inicialmente para el 6 de agosto permanece bajo análisis en el Palacio Legislativo.
