A través de sus abogados y mediante una columna publicada en medios europeos, la ex presidenta presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas alegando violaciones a las garantías del debido proceso en la causa Vialidad.
Estrategia internacional y pedido de medida cautelar
Tras haber agotado las instancias de apelación en la Justicia argentina luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en junio de 2025, el equipo legal de Cristina Fernández de Kirchner formalizó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim (quien integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva) y el exjuez europeo Javier Borrego detallaron los alcances de la presentación. La defensa solicitó una medida cautelar para suspender la inhabilitación que le impide presentarse a cargos electivos hasta que el organismo se pronuncie sobre la cuestión de fondo.
Entre los argumentos expuestos ante el fuero internacional, la defensa sostuvo que existieron irregularidades procesales, cuestionó la imparcialidad de los peritos y la acotada muestra de obras auditadas, e invocó violaciones al principio de cosa juzgada por causas cerradas previamente en la provincia de Santa Cruz.
Publicación simultánea y vía procesal local
En paralelo a la presentación técnica, la ex mandataria publicó una columna de opinión en los diarios El País (España) y Libération (Francia), en la que calificó la sanción de inhabilitación como una forma de «proscripción» y una «sofisticada erosión democrática». En el texto, señaló que el proceso judicial estuvo atravesado por un contexto de hostilidad y machismo estructural, al tiempo que recordó el atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022.
Respecto a la eventual repercusión del trámite en la jurisdicción local, la defensa precisó que, en caso de obtener un dictamen favorable o el otorgamiento de una medida cautelar por parte del Comité, acudirán a la Cámara de Casación Penal invocando el artículo 366 (inciso F) del Código Procesal Penal Federal con el objetivo de solicitar la revisión de la sentencia firme.
