El CD de Cutral Co aprobó una declaración expresado su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras que impulsa el gobierno libertario. La decisión se tomó por mayoría, con el voto contrario del concejal Omar Pérez (LLA).
"Los recursos naturales, las cuencas hídricas, las nacientes de agua, las áreas de alto valor, ambiental, las zonas rurales vinculadas a la producción y los territorios estratégicos representan activos fundamentales para el presente y el futuro de la República Argentina", puntualiza el texto.
La declaración señala que "la tierra constituye un recurso estratégico para el desarrollo integral de la Nación cuyo valor trasciende el aspecto económico, al encontrarse íntimamente vinculado con la vivienda, la calidad de vida, la producción de alimentos, la disponibilidad de recursos hídricos, la preservación ambiental, la generación de energía, la planificación territorial y el ejercicio efectivo de la soberanía nacional".
"Que la Constitución Nacional reconoce en su artículo 41 el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, imponiendo a las autoridades el deber de proteger los recursos naturales y asegurar su utilización racional en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Que asimismo el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, principio rector del federalismo argentino que exige la adopción de políticas públicas orientadas a preservar dichos recursos estratégicos dentro de un marco de desarrollo sostenible y de respeto por las autonomías provinciales", agrega.
En otro párrafo señala que "la Ley Nacional número 23.737, la que se busca derogar, fue sancionada con el propósito de establecer mecanismos de regulación sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales procurando resguardar el interés nacional mediante límites y controles destinados a evitar procesos de concentración excesiva y preservar la disponibilidad de un recurso esencial para el desarrollo del país evitando la extranjerización".
Al respecto, destaca que la normativa que se pretende modificar es "de indudable trascendencia institucional, por cuanto podría alterar el alcance de herramientas regulatorias que durante años formaron parte del régimen de protección del patrimonio territorial argentino. Que la seguridad jurídica constituye un presupuesto indispensable para promover inversiones y fomentar el crecimiento económico, aunque dicho objetivo debe compatibilizarse con la facultad del Estado y establecer regulaciones razonables destinadas a proteger bienes de interés público, recursos estratégicos y derechos de incidencia colectiva".
Asimismo, destaca que "la propiedad privada constituye un derecho reconocido por nuestro ordenamiento constitucional, pero su ejercicio debe armonizarse con el interés general, la protección ambiental, el desarrollo sustentable y la función social que la legislación y la doctrina constitucional reconocen dentro del Estado de Derecho. Que los recursos naturales, las cuencas hídricas, las nacientes de agua, las áreas de alto valor, ambiental, las zonas rurales vinculadas a la producción y los territorios estratégicos representan activos fundamentales para el presente y el futuro de la República Argentina, razón por la cual requieren un régimen jurídico que garantice su administración razonable".
Luego resalta que "La provincia del Neuquén posee una relevancia estratégica para el desarrollo nacional en virtud de sus recursos energéticos, hídricos, productivos y ambientales. Circunstancia que torna especialmente realmente necesario preservar instrumentos normativos que permiten una adecuada planificación territorial y la protección del interés público. Que los municipios como expresión institucional más cercana a la ciudadanía no resultan ajenos a los debates vinculados con la utilización del territorio y la preservación de los recursos naturales en tanto a las decisiones que se adopten sobre dichas materias poseen incidencia directa sobre el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades locales", define.
Más adelante recuerda que "la autonomía municipal reconocida por la Constitución de la provincia de Neuquén y por la Carta Orgánica Municipal, habilita a este Consejo deliberante a expresar su posición institucional respecto de iniciativas legislativas nacionales que puedan producir efectos sobre intereses permanentes de la comunidad. Que, en este sentido, el acceso a la tierra constituye uno de los principales desafíos para miles de familias argentinas, pequeños productores, emprendedores rurales y jóvenes que procuran desarrollar proyectos de vida, la producción o vivienda en sus lugares de origen, situación que exige políticas públicas orientadas a promover un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En la región patagónica y particularmente en la provincia del Neuquén, el valor estratégico de extensas áreas rurales y de recursos naturales asociados ha incrementado significativamente la presión sobre el mercado de tierras, circunstancia que torna especialmente relevante la existencia de herramientas legales que recuerden el interés público que toda modificación al régimen de regulación sobre la propiedad de las tierras rurales debe proponer ponderar especialmente el impacto que pudiera generar sobre las posibilidades de acceso a la tierra por parte de los habitantes argentinos evitando procesos que profundicen la concentración de la propiedad o dificulten el arraigo de las comunidades locales".
