Tras la masiva protesta con sirenas abierta en los 192 cuarteles de la provincia de Córdoba, la Federación de Bomberos Voluntarios expuso las cifras de la millonaria deuda que el Ejecutivo nacional mantiene con el sistema de emergencias local. La entidad reclama la transferencia inmediata de recursos presupuestados que ya fueron cobrados por el Estado pero que no fueron girados a sus destinatarios.

Una caja retenida y números que asfixian al sistema

El vicepresidente de la Federación cordobesa, Ariel Vicario, precisó que a nivel nacional existe una partida acumulada de $59.330 millones que permanece bloqueada en las arcas del Gobierno central. Estos fondos provienen de asignaciones específicas estipuladas por ley para financiar el equipamiento y la logística de las instituciones de rescate.

En el plano provincial, el impacto golpea de lleno la operatividad diaria. A cada una de las 192 sedes distribuidas en la geografía cordobesa le corresponden:

·$45 millones pendientes del ejercicio recaudatorio 2025.

·$94 millones correspondientes al presupuesto asignado para 2026.

La suma eleva el monto reclamado a $139 millones por cuartel, una caja indispensable para amortizar el mantenimiento de autobombas, el combustible, los trajes estructurales y el entrenamiento de los efectivos.

Tensión política y gestiones paralizadas

El descontento se plasmó en un "sirenazo" coordinado en toda la provincia para visibilizar el ahogo financiero que atraviesa el sector. Desde la conducción de las entidades voluntarias remarcan que los canales de diálogo con los interlocutores oficiales en la provincia permanecen cerrados.

En ese sentido, apuntaron directamente contra el diputado nacional Gabriel Bornoroni, referente del oficialismo libertario en la provincia, a quien acusan de no responder los llamados ni articular instancias de mediación frente al Ministerio de Economía, una postura que —señalan en el sector— replica el distanciamiento mostrado frente a otros reclamos regionales por deudas acumuladas.