Las pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumaron una nueva derivación institucional. Los tribunales de Comodoro Py buscan determinar si el exfuncionario montó una red de colaboradores y subordinados públicos para canalizar consumos suntuarios con plásticos ajenos, intentando así evitar el registro de erogaciones millonarias. En ese marco, Laura Schiuma, titular de la Dirección de Actividades Presidenciales de la Vocería oficial, prestó declaración testimonial clave ante la Justicia.
Schiuma compareció ante la Fiscalía Federal N° 11, conducida por Gerardo Pollicita, donde ratificó haber cedido su tarjeta de crédito personal a su entonces superior jerárquico. Mediante esa modalidad, se perfeccionó la adquisición de un monitor para videojuegos de alta gama (Samsung Odyssey Oled G8 4K) valuado en $2.185.000. La testigo argumentó que la transacción se realizó bajo el acuerdo de que el dinero le sería devuelto posteriormente en efectivo.
El rastro digital en las billeteras virtuales
La maniobra fue detectada por los investigadores judiciales al auditar los movimientos de la cuenta de Mercado Pago perteneciente al propio Adorni. El exvocero, recientemente dimitido, había asociado tarjetas pertenecientes a sus empleados directos dentro de su perfil digital, dejando una huella informática que expuso las inconsistencias.
Bajo este mismo patrón operativo, la fiscalía constató la compra de dos proyectores marca Epson Home Cinema por un monto total de $1.831.795. Para concretar ese pago, se utilizaron los datos crediticios de Luis Enrique Aluju, quien se desempeña como Coordinador de Información de Gobierno. Ambas operaciones de electrónica se concretaron en agosto de 2025, período en el cual el salario en blanco del exfuncionario promediaba los $3.500.000 mensuales.
A estas compras se añade el hallazgo en el teléfono del constructor Matías Tabar —encargado de las reformas en el country Indio Cuá— de un comprobante por $8.183.303 en concepto de blanquería fina en el comercio Rosen The Store. El documento fiscal figuraba a nombre de Gisela Kocsis, secretaria privada de Adorni en la cartera de Medios. Los peritajes ordenados por el Ministerio Público confirmaron que los artículos fueron despachados con destino final al barrio privado de Exaltación de la Cruz.
Próximas medidas y situación procesal
La Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja actualmente en la confección del informe contable integral sobre el patrimonio de Adorni y el de su cónyuge, Bettina Angeletti.
Si las conclusiones periciales confirman la falta de correlación entre ingresos y egresos, el fiscal Pollicita solicitará formalmente al magistrado Ariel Lijo la apertura de un requerimiento de justificación patrimonial, instancia donde el imputado deberá acreditar por escrito la licitud de sus fondos.
Durante las próximas jornadas, el juzgado prevé recibir contestaciones a diversos oficios remitidos a las plataformas de activos virtuales Lemon y Binance, al consorcio de Indio Cuá, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Universidad Abierta Interamericana (UAI), elementos que definirán si el expediente avanza hacia un llamado a declaración indagatoria por delitos de corrupción.
