El letrado Gregorio Dalbón elevó una solicitud ante el fiscal federal Gerardo Pollicita argumentando riesgos inminentes de fuga y obstrucción a la Justicia. Entre las alternativas, exigió el secuestro de su pasaporte.
La situación judicial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alta tensión. En el marco del expediente que lo investiga por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se presentó un pedido formal para que se ordene su detención inmediata bajo la modalidad de prisión preventiva.
Los fundamentos del pedido de detención
El planteo, incorporado a la causa penal originada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, señala que el exfuncionario conserva el poder político y los lazos necesarios para interferir en el proceso judicial.
De acuerdo con el escrito presentado por Dalbón, el comportamiento de Adorni encuadra en dos causales de riesgo procesal:
·Presión sobre testigos: Se apunta a un presunto intento de condicionar el testimonio de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las reformas en la propiedad del country Indio Cuá Golf Club. Según la acusación, Adorni habría contactado al constructor de manera previa a su declaración para ofrecerle asistencia y anticiparle que miembros de su entorno se comunicarían con él.
·Vínculos de poder: Haber ocupado uno de los puestos más encumbrados del Poder Ejecutivo nacional le habría facilitado una red de contactos con capacidad de incidir sobre terceros vinculados al caso.
·Modificación del relato: Se cuestiona que el exjefe de ministros fue variando sus explicaciones públicas respecto al origen de sus fondos en paralelo al avance de las medidas probatorias.
Focos patrimoniales bajo la lupa y peligro de fuga
La presentación judicial volvió a poner el foco sobre los movimientos económicos sospechosos que se ventilan en la investigación. Entre ellos, la adquisición de una unidad habitacional en el barrio porteño de Caballito —operación financiada en su mayor parte por las propias partes vendedoras— y las citadas remodelaciones en Indio Cuá, las cuales el contratista declaró haber cobrado en moneda de curso legal en efectivo directamente de manos de Adorni.
Respecto a la posibilidad de que el exfuncionario evada la acción de la justicia, el escrito remarca que posee un elevado poder adquisitivo, facilidades para abordar vuelos de carácter privado y unos 500 mil dólares no registrados en sus declaraciones juradas que fueron admitidos en el expediente. Asimismo, Dalbón subrayó que la reciente dimisión de Adorni a la Jefatura de Gabinete disolvió su principal lazo institucional con el país, lo que incrementa el peligro de una eventual huida.
Medidas de coerción alternativas
Retención de documentación de viaje: Para el escenario en que el fiscal Pollicita decida desestimar la orden de captura y prisión preventiva, la querella solicitó que se aplique de forma urgente una medida cautelar restrictiva que determine la prohibición absoluta de abandonar el territorio nacional. Esto incluye el retiro de su pasaporte y la correspondiente notificación de bloqueo a la Dirección Nacional de Migraciones.
