En una sesión especial de alta intensidad política, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley que convalida el plan de pago por 171 millones de dólares destinado a los fondos Bainbridge y Attestor, acreedores que mantenían demandas judiciales contra el Estado argentino derivadas del default del año 2001. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo fue aprobada con 138 votos a favor y 98 en contra, encontrando su principal resistencia en los bloques del kirchnerismo y el Frente de Izquierda.
La sanción de esta norma le permite al presidente Javier Milei cumplir con una de las cláusulas comerciales acordadas en febrero pasado con su par estadounidense, Donald Trump. El convenio bilateral estipulaba el próximo 30 de junio como la fecha límite para que el país normalizara la situación jurídica con dichos tenedores de bonos.
El debate por el blindaje a megaversiones de más de US$1.000 millones
Tras destrabar el expediente de los fondos litigantes, el bloque de La Libertad Avanza —apoyado por bancadas aliadas— busca darle media sanción al denominado "Súper RIGI" (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Este marco normativo está diseñado exclusivamente para emprendimientos que superen los 1.000 millones de dólares de capital inicial, ofreciendo un paquete de garantías regulatorias por un plazo de tres décadas.
Los ejes centrales del proyecto de incentivos contemplan:
·Beneficios impositivos y cambiarios: Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de los bienes de capital y un esquema de liberación progresiva para el acceso a divisas extranjeras.
·Exenciones aduaneras: Eliminación total de los derechos de importación y exportación para insumos y bienes de capital asociados al desarrollo de los proyectos.
·Prerrogativa jurídica: Estabilidad fiscal por 30 años y la facultad para que las corporaciones inversoras trasladen cualquier litigio o controversia con el Estado a tribunales arbitrales internacionales, prescindiendo de la justicia local.
Tensiones políticas y alineamientos provinciales
El tratamiento de las leyes se desarrolla en un clima de marcada confrontación parlamentaria. Mientras el oficialismo intenta acelerar la agenda económica, sectores de la oposición presionan para condicionar el debate exigiendo la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que anticipa una discusión prolongada.
Por el lado de las representaciones provinciales, el debate expuso las divisiones internas de los distritos. En el caso de la delegación de Catamarca, el diputado Adrián Brizuela respaldó la iniciativa oficial, mientras que Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega expresaron su rechazo en el recinto. En tanto, las legisladoras Claudia Palladino y Fernanda Ávila no formaron parte de la votación por encontrarse cumpliendo tareas asociadas a una agenda oficial en el exterior.
