Nicolás Vaamonde y Silvana Genero presentaron un proyecto de ordenanza para que los funcionarios de la ciudad de Neuquén hagan públicas sus declaraciones juradas patrimoniales, incorporando nuevos mecanismos de transparencia, control ciudadano y prevención de la corrupción.

Los referentes de Cumplir en la capital neuquina presentaron una iniciativa que propone derogar la actual Ordenanza N.º 7.678, vigente desde 1996, y reemplazarla por un nuevo régimen de declaraciones juradas adaptado a los estándares actuales de transparencia y acceso a la información pública.

El proyecto establece que el intendente, concejales, jueces de faltas, integrantes de la Sindicatura Municipal, funcionarios políticos, responsables de fondos públicos y quienes participen en procesos de contratación y licitaciones deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral al asumir sus funciones.

La propuesta contempla la obligación de informar inmuebles, vehículos, inversiones, depósitos bancarios, billeteras virtuales, participaciones societarias, ingresos, egresos, créditos y deudas, tanto en el país como en el exterior. Además, incorpora antecedentes laborales para aquellos funcionarios que no accedieron a sus cargos mediante el voto popular, con el objetivo de fortalecer los controles sobre posibles conflictos de intereses.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que las declaraciones juradas dejarán de ser información reservada y podrán ser consultadas por cualquier vecino que lo solicite mediante un procedimiento formal y transparente.

Asimismo, el proyecto prevé sanciones para quienes incumplan con la presentación de la documentación. Entre ellas, contempla la suspensión en el cargo, la imposibilidad de volver a ejercer funciones públicas y otras responsabilidades que pudieran corresponder.

La iniciativa también propone la creación de una Dirección Municipal Anticorrupción, encargada de recibir, administrar y publicar las declaraciones juradas, así como promover políticas de integridad y prevención de la corrupción dentro de la administración municipal.

A su vez, crea un Comité Municipal de Ética Pública con representación institucional y participación de distintos sectores de la comunidad, que tendrá entre sus funciones recibir denuncias, investigar posibles incumplimientos, elaborar registros de sancionados, impulsar capacitaciones y promover programas de transparencia.

Desde Cumplir señalaron que la normativa vigente responde a una realidad institucional de hace tres décadas y que hoy la ciudadanía demanda mayores niveles de control sobre quienes administran recursos públicos.

“Los vecinos tienen derecho a conocer con qué patrimonio ingresan y con qué patrimonio egresan quienes ejercen responsabilidades públicas. La transparencia no puede depender de la voluntad de los funcionarios, debe estar garantizada por normas claras que permitan el control ciudadano”, sostuvieron los autores de la iniciativa.

En ese sentido, remarcaron que la capital neuquina debe avanzar hacia estándares de transparencia acordes a las demandas actuales de la sociedad y consolidar herramientas que fortalezcan la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones.

El proyecto de ordenanza ingresó al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén para su tratamiento.