A través de una nueva medida de desregulación administrativa, la gestión nacional modificó la normativa que rige el mecanismo de selección y nominación de magistrados para la Corte Suprema de la Nación. Los cambios apuntan a una aceleración de los plazos técnicos en desmedro de los filtros de impugnación ciudadana tradicionales.
Los alcances de la reforma administrativa
La actualización del marco normativo fue estructurada bajo la órbita de la cartera de Justicia, conducida por Juan Bautista Mahiques. La reforma centraliza el proceso y suprime instancias que garantizaban la supervisión y la intervención de diversos estamentos sociales.
Las modificaciones principales comprenden:
Remoción de filtros ciudadanos: Se eliminaron tres apartados clave que permitían a organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, universidades y ciudadanos particulares presentar observaciones formales ante las candidaturas propuestas.
Cambios en la difusión: Se da de baja la obligatoriedad de publicar los pliegos en matutinos impresos de alcance nacional, optando por canales alternativos o digitales.
Reducción de tiempos: Se acortaron los plazos burocráticos de las etapas previas al envío de los nombres a la Cámara de Senadores, otorgándole al Poder Ejecutivo mayor celeridad y centralización en el control del trámite.
Trastocamiento de estrategias y conversaciones internas
El giro normativo expone un cambio de rumbo en la estrategia de la cartera de Justicia. Inicialmente, las designaciones pendientes se proyectaban para una etapa legislativa posterior, en sintonía con la posición del actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Sin embargo, la celeridad actual responde a un canal de diálogo directo abierto entre la Presidencia y el ministro del tribunal, Ricardo Lorenzetti.
Durante una audiencia reservada celebrada en la Quinta de Olivos, Lorenzetti y el jefe de Estado habrían coordinado la necesidad de avanzar de forma inmediata en la cobertura de las dos vacantes existentes para reconfigurar los equilibrios de poder internos del cuerpo.
Los nombres en consideración para las vacantes
La propuesta impulsada en este nuevo esquema legal promueve a dos figuras del ámbito judicial de la Ciudad de Buenos Aires con terminales directas en el máximo tribunal, aunque sin vinculación previa con el espacio libertario:
Mariano Borinsky: Actual integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, con amplia trayectoria en los tribunales de Retiro.
Karina Perilli: Magistrada del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, identificada dentro del armado de confianza de Lorenzetti.
La viabilidad final del plan dependerá de las negociaciones en la Cámara Alta, dado que el oficialismo requiere articular consensos con el bloque peronista para obtener los dos tercios de los votos necesarios para aprobar los pliegos, un factor que introduce incertidumbre en el Congreso de la Nación.
