El escenario político cordobés sumó un fuerte foco de conflicto tras la imputación judicial de Marcos Carasso. El dirigente radical, quien acompañó a Luis Juez como candidato a vicegobernador en los comicios de 2023 y ejerció la presidencia de la UCR provincial, quedó formalmente involucrado en una investigación por presunta asociación ilícita y defraudación al Estado en perjuicio del PAMI, por una cifra estimada en 1400 millones de pesos.
La resolución, dictada por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, llega tras una serie de procedimientos que incluyeron el allanamiento del domicilio particular de Carasso en General Cabrera —localidad de la que fue intendente— y de las dependencias que ocupa en el Tribunal de Cuentas de la provincia, organismo controlado por el juecismo y utilizado como plataforma de auditoría hacia la gestión de Martín Llaryora.
Según los elementos de la causa, la hipótesis judicial vincula al ex diputado nacional, quien es licenciado en Kinesiología, con una firma de servicios médicos radicada en el sur provincial que oficiaba como prestadora de la obra social de los jubilados, sospechada de sobrefacturar prestaciones de manera sistemática.
Repercusiones, pases de factura y distanciamientos en Juntos por el Cambio
El avance judicial contra el dirigente radical generó inmediatas réplicas políticas y expuso las fisuras existentes dentro del frente opositor. Consultado sobre la situación de su correligionario, el diputado Rodrigo de Loredo optó por tomar distancia de forma tajante: "Por eso, pregúntenle a Juez", señaló en declaraciones a la prensa local, desmarcándose de quien fuera el titular del partido durante el armado electoral de 2023.
La situación también incomoda al juecismo. Fue el propio senador Luis Juez quien impulsó a Carasso para incorporarse al Tribunal de Cuentas provincial con una remuneración cercana a los cuatro millones de pesos. El caso genera una paradoja discursiva para el espacio, dado que semanas atrás, ante el reclamo de los intendentes cordobeses por deudas del PAMI, el bloque de La Libertad Avanza —aliado estratégico de Juez— había condicionado las respuestas exigiendo que los municipios "se dejen auditar".
Ofensiva del oficialismo en la Unicameral
El bloque de Hacemos Unidos por Córdoba capitalizó el revés judicial y lanzó una ofensiva en la Legislatura provincial. A través del presidente de la bancada oficialista, Facundo Torres, el peronismo impulsó un pedido de informes exigiendo explicaciones a la coalición opositora por la situación de su ex candidato a vicegobernador.
Torres fustigó la postura de los bloques de la minoría, contrastando su reacción actual con intervenciones previas: "Hace apenas unos días vimos a dirigentes de la oposición hacer carancheo político incluso en medio de una situación dolorosa que conmocionó a toda la provincia. Sin embargo, cuando la situación involucra al radical Marcos Carasso, ex diputado nacional, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez e integrante de la lista que nucleó en su momento a la absoluta mayoría de quienes hoy integran la oposición en la Legislatura, el silencio parece imponerse de golpe", argumentó el legislador del PJ.
Desde el oficialismo provincial insisten en que tanto el radicalismo como el juecismo, el PRO y sectores libertarios deben asumir la responsabilidad política por haber llevado a Carasso en la boleta mayor de 2023. Asimismo, la presión legislativa promete intensificarse en las próximas jornadas, ya que el requerimiento del peronismo extendió los pedidos de aclaración hacia otra figura del entorno del senador: Claudio Suchecki, cuñado de Juez y ex funcionario en diversas áreas estatales bajo órbita de ese espacio político.
