La decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su cónyuge, Bettina Angeletti, de tramitar su incorporación al Régimen Simplificado de Ganancias expuso la existencia de una extensa lista de funcionarios y figuras vinculadas a La Libertad Avanza que solicitaron formalmente el ingreso a este sistema. La medida representa el paso inicial para acceder a las prerrogativas de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.779).

Frente a la repercusión de la noticia, desde el entorno de Adorni buscaron desmarcarse afirmando que no participarían de ningún proceso de blanqueo ante la Agencia de Recaudación (ARCA). Si bien el régimen simplificado no constituye técnicamente una amnistía fiscal tradicional ni anula expedientes judiciales en curso por lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, su aplicación práctica genera el denominado “tapón fiscal”. Este mecanismo restringe la capacidad del organismo recaudador para auditar declaraciones previas, exime de penalidades por infracciones tributarias previas y faculta la formalización de divisas que se encontraban fuera del circuito legal.
Las figuras del oficialismo bajo el nuevo paraguas impositivo

La filtración de las solicitudes ante el ARCA reactivó las alarmas en la Casa Rosada, impactando especialmente en funcionarios salpicados por investigaciones judiciales o controversias públicas:

Manuel Adorni y Bettina Angeletti: La esposa del vocero inició el trámite el 31 de mayo, mientras que el jefe de Gabinete lo hizo formalmente el 10 de junio, en medio de la causa penal que analiza sus transacciones inmobiliarias y remodelaciones con dinero en efectivo.

Aimé “Meme” Vázquez: La jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete se sumó a la misma estrategia impositiva que su superior directo.

José Luis Espert: El ex diputado nacional (quien declinó sus funciones parlamentarias y su postulación en el marco de una causa penal por presunto lavado de activos asociada a una investigación por narcotráfico en Estados Unidos) formalizó su solicitud de ingreso el 9 de junio.

Federico Sturzenegger: El ministro de Desregulación y Transformación del Estado completó su presentación el 7 de mayo. Desde su cartera minimizaron la maniobra emitiendo un comunicado homólogo al de la Jefatura de Gabinete, argumentando que el funcionario actuó meramente como un contribuyente habilitado dentro de una masa de más de 80 mil ciudadanos adheridos.

Felipe Núñez: El asesor del Ministerio de Economía, director del BICE y participante habitual de los canales de streaming oficiales, tramitó su alta en junio. El nombre de Núñez ya arrastraba cuestionamientos tras conocerse que formó parte del grupo de funcionarios que obtuvo créditos hipotecarios subsidiados por el Banco Nación, habiendo recibido un monto de 373 millones de pesos.

Santiago Oria y Antonio Aracre: El documentalista audiovisual de la presidencia y el ex CEO de Syngenta (con pasado en la gestión pública y actual rol en la TV Pública) ingresaron sus solicitudes de adhesión de manera anticipada durante el mes de abril.

Manuel Vidal: El ex funcionario, integrante del esquema de asesores directos que responde a Santiago Caputo, también figura en el listado de peticionantes del beneficio arancelario.

Los alcances de la normativa y el cambio en las auditorías

La Ley de Inocencia Fiscal, sancionada con el respaldo del bloque oficialista y sus sectores aliados en el Congreso, modificó sustancialmente la dinámica de las inspecciones al invertir la carga de la prueba, delegando de forma exclusiva en el Estado la tarea de detectar anomalías.

Bajo la modalidad del régimen simplificado, el contribuyente se limita a convalidar o actualizar una declaración jurada estándar confeccionada por el propio fisco basándose únicamente en los niveles de facturación anual. Este procedimiento técnico clausura la fiscalización minuciosa de los gastos deducibles declarados, así como las auditorías profundas sobre las modificaciones en las estructuras patrimoniales de los funcionarios.