
La estrategia defensiva del jefe de Gabinete respecto al origen de sus fondos sumó un nuevo revés tras la difusión de registros audiovisuales que desmienten su versión oficial. Los videos en cuestión contradicen la afirmación del funcionario, quien había asegurado públicamente haber apostado por el Bitcoin en el año 2013 para justificar un presunto blanqueo de su patrimonio.
"Yo empecé a incursionar en Bitcoin en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014", había manifestado el ministro coordinador el pasado miércoles durante una entrevista en la señal LN+. Bajo ese argumento, Adorni pretendía fundamentar que su capital actual —el cual supera el medio millón de dólares— es el resultado directo del rendimiento de esos activos digitales de larga data, equivalentes a un desembolso inicial de 200 mil dólares.
Sin embargo, las declaraciones vertidas por el propio funcionario en entrevistas posteriores echan por tierra esa cronología. Durante un encuentro virtual de carácter educativo organizado por la plataforma Lemon en el período de pandemia, el entonces analista económico relató que hacia el año 2015 carecía de conocimientos sobre el ecosistema cripto.
En dicho material, Adorni pormenorizó una anécdota de su etapa docente: "Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?' ‘Compré Bitcoin'. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?', porque la verdad que no entendía", reconoció en aquella oportunidad.
Declaraciones cruzadas y el impacto en los tribunales
La inconsistencia de su relato se acentúa con otra intervención pública que data del año 2022. En un intercambio con el economista y cantante Miguel Boggiano, el hoy jefe de Gabinete admitió que no consideraba a los criptoactivos como un instrumento de inversión válido y explicitó que no poseía tenencias de los mismos. "El bitcoin qué se yo, me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado", deslizó en ese entonces.
Este compendio de archivos será incorporado formalmente al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Para la investigación, los videos constituyen un elemento probatorio clave que debilita el intento del funcionario por validar de forma retroactiva fondos no declarados, con los cuales buscaba justificar el notable incremento en su nivel de vida a partir de su inserción en la administración pública nacional finales de 2023.
