El fiscal Gerardo Pollicita ordenó una batería de diligencias técnicas para evaluar la consistencia entre los bienes y los ingresos registrados del jefe de Gabinete. El expediente, originado por una denuncia de la legisladora Marcela Pagano, ingresa en una etapa de recolección de datos clave.
La pesquisa judicial enfocada en las finanzas del jefe de Gabinete de la Nación ingresó en una fase de definiciones. En las últimas horas, la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita impulsó nuevas diligencias probatorias orientadas a trazar una radiografía detallada de la evolución económica del funcionario. El propósito central de los investigadores consiste en constatar si el nivel de vida y los activos acumulados por el titular de ministros se condicen de manera estricta con las remuneraciones y rentas que informó formalmente en sus declaraciones juradas.
El expediente judicial penal se inició formalmente a raíz de una presentación efectuada por la diputada nacional Marcela Pagano. En dicho escrito, la parlamentaria solicitó formalmente abrir una investigación jurisdiccional frente a lo que consideró supuestas irregularidades contables o desajustes que ameritan ser tipificados bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito.
Requerimientos bancarios y registrales
Con el fin de reconstruir el mapa financiero del funcionario de la administración central, la fiscalía viene remitiendo oficios directos a diversas reparticiones estatales y del sector privado. El rastreo de información incluye la solicitud de informes de dominio a los registros de la propiedad inmueble y automotor, auditorías sobre cuentas en el sistema financiero y resúmenes de transacciones comerciales de relevancia, medidas que alcanzan no solo al propio Adorni sino también a personas que componen su núcleo familiar primario.
De acuerdo a lo revelado por fuentes cercanas al Palacio de Tribunales, la lupa judicial está puesta prioritariamente en la trazabilidad del dinero empleado en la compra de activos de valor durante los períodos fiscales más recientes. Los técnicos de la fiscalía se concentran en verificar si el flujo de capitales necesarios para concretar dichas operaciones guarda correlación lógica con los haberes percibidos en el ejercicio de sus funciones.
Auditoría sobre consumos y transacciones
Más allá de las propiedades declaradas, el pliego de medidas ordenado por el Ministerio Público Fiscal incorpora un seguimiento pormenorizado de las erogaciones corrientes del funcionario. Entre estos puntos se destaca el análisis de los traslados internacionales, tarjetas de crédito y gastos recreativos suntuarios, variables utilizadas habitualmente para establecer el índice real de consumo y compararlo con el balance de ingresos legítimos.
Hasta el momento, las medidas instrumentadas por Pollicita apuntan a levantar el secreto bancario y fiscal sobre determinadas operaciones específicas, un resorte técnico considerado fundamental para detectar cualquier tipo de asimetría financiera. Trascendió asimismo que en el corto plazo la fiscalía formalizará un pedido de explicaciones para que el actual jefe de Gabinete aporte voluntariamente las constancias, comprobantes e instrumentos de respaldo que aclaren el origen de las partidas bajo escrutinio.
Desde el entorno de la causa aclararon que el trámite se mantiene dentro de los márgenes de una investigación preliminar, por lo que actualmente no se han dictado resoluciones conclusivas, procesamientos ni declaraciones de culpabilidad. No obstante, el volumen de los nuevos requerimientos judiciales ratifica que las cuentas del funcionario político continuarán bajo riguroso control en los despachos federales durante el próximo periodo.
