En el marco de las políticas de control y transparencia que impulsa la gestión de Rolando Figueroa, el Gobierno de la Provincia de Neuquén formalizó este martes la desvinculación de dos agentes estatales. Las medidas, fundamentadas en el abandono de cargo, afectaron a una administrativa del Ministerio de Trabajo y a una enfermera del Hospital Castro Rendón.
Incumplimientos en la Subsecretaría de Trabajo
La primera de las bajas corresponde a Mirta Marcela Andrés, quien integraba la planta permanente de la Subsecretaría de Trabajo. Tras un sumario administrativo iniciado en agosto de 2024, la auditoría confirmó que la ex agente acumuló extensos periodos de inasistencias sin justificación entre los meses de marzo y junio de ese año.
La Junta de Disciplina determinó que su conducta violó los deberes de prestación de servicio y eficiencia estipulados en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
A pesar de habérsele otorgado el derecho a defensa, la falta de documentación que avalara sus ausencias derivó en su expulsión inmediata.
Irregularidades en el Sistema de Salud
El segundo caso involucra a Jennifer Belén Auad, quien se desempeñaba como enfermera en el Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón. Su cesantía se fundamentó en la interrupción del servicio durante tres periodos distintos de 2024, sumando varios meses de ausencias injustificadas.
Puntos clave del informe oficial:
·El Servicio de Salud Ocupacional confirmó la ausencia de certificados médicos.
·Se consideró que el incumplimiento fue "persistente", demostrando desinterés por sus funciones.
·El fallo subraya que, dada la naturaleza esencial del servicio de salud, las faltas comprometieron la operatividad del hospital.
Recuperación de fondos públicos
Más allá de la desvinculación laboral, el Estado Provincial evalúa las consecuencias económicas de ambos casos. Si se constata que las ex agentes percibieron haberes durante los días no trabajados, se dará intervención a la Fiscalía de Estado. El objetivo será iniciar las acciones legales correspondientes para obtener el reintegro del dinero liquidado de forma indebida.
