En un nuevo avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, la Justicia federal ha puesto el foco en la actividad comercial de Bettina Angeletti, esposa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El magistrado Ariel Lijo ordenó a tres grandes grupos empresariales la entrega inmediata de facturas, contratos y registros de pagos vinculados a la consultora +BE, propiedad de Angeletti.
El "triángulo" bajo investigación
La hipótesis judicial, impulsada originalmente por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, sugiere la existencia de un posible esquema de retornos. Se sospecha que empresas con millonarios contratos estatales habrían subcontratado servicios de "coaching" y consultoría a la esposa del funcionario como contraprestación por beneficios recibidos desde la administración pública.
Las tres firmas en el centro de la escena:
Grupo Datco: Gigante tecnológico y proveedor estratégico de organismos que orbitan bajo la Jefatura de Gabinete, tales como AFIP (ahora ARCA), AySA y Aerolíneas Argentinas.
National Shipping S.A.: Naviera líder en el transporte de hidrocarburos y una de las principales contratistas de YPF. Cabe destacar que Manuel Adorni se desempeña como director titular de la petrolera estatal.
Foggia Group: Empresa vinculada a Mara Gorini (colaboradora de Karina Milei). Esta firma, responsable de la organización de los eventos masivos del presidente Javier Milei (Luna Park, Movistar Arena), también compite por la concesión de Tecnópolis, área bajo órbita de Adorni.
El origen del conflicto: La denuncia de Pagano
La investigación tomó fuerza tras el informe presentado por Pagano, donde se detallan inconsistencias patrimoniales y se describe un "circuito triangular". Según la legisladora, firmas que manejan contratos cercanos a los USD 140 millones anuales con el Estado terminan derivando fondos hacia la consultora privada de la cónyuge del Jefe de Gabinete bajo el concepto de honorarios profesionales.
Situación judicial actual
Mientras el fiscal Gerardo Pollicita avanza sobre la brecha entre los ingresos oficiales de Adorni y sus gastos mensuales (estimados en USD 20.000), el juez Lijo busca determinar si existió un direccionamiento deliberado de fondos públicos. Las carátulas que enfrenta el entorno del funcionario incluyen:
·Fraude a la administración pública.
·Abuso de autoridad.
·Asociación ilícita.
