El máximo tribunal se declaró competente en la demanda contra el Estado nacional por la retención de aportes del Tesoro. El Ejecutivo Nacional tiene un plazo de 60 días para responder al planteo provincial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso institucional significativo al aceptar la demanda de inconstitucionalidad promovida por el Gobierno de La Pampa. La acción judicial, iniciada en mayo de 2024 por el gobernador Sergio Ziliotto, cuestiona la gestión de los fondos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y exige su distribución automática.
Los ejes centrales de la demanda
La presentación judicial, elaborada por la Fiscalía de Estado pampeana con el asesoramiento del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sostiene los siguientes puntos:
·Distribución automática: Se reclama que el $1\%$ asignado a los ATN se integre a la masa coparticipable y se distribuya automáticamente entre las provincias, conforme a la Ley 23.548.
·Apropiación indebida: La Provincia argumenta que el Estado nacional se ha apropiado de recursos que pertenecen a las jurisdicciones federales, destinados por ley a cubrir emergencias y desequilibrios financieros.
·Incumplimiento del federalismo fiscal: La demanda advierte que la concentración de estos fondos en manos de la Nación vulnera los principios de equidad y solidaridad establecidos en la reforma constitucional de 1994.
·Discrecionalidad: Se cuestiona que el reparto de los ATN esté sujeto a la voluntad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional, careciendo de parámetros objetivos de distribución.
El contexto del conflicto financiero
De acuerdo con los fundamentos del escrito pampeano, la situación fiscal presenta cifras que evidencian el reclamo:
·Fondos retenidos: Al momento de la demanda, se estimaba que la Nación retenía cerca de $397.000 millones pertenecientes a las provincias.
·Transferencias mínimas: El Gobierno nacional solo habría girado aproximadamente $10.300 millones a un grupo reducido de jurisdicciones.
·Antecedentes: La última distribución masiva hacia las 24 jurisdicciones ocurrió en noviembre de 2023, por un monto de $131.000 millones.
Con esta resolución, la Corte abre formalmente el proceso judicial para determinar si el Estado nacional ha incumplido sus obligaciones legales y constitucionales en materia de coparticipación federal.
