Una presentación penal sacude el ámbito legislativo nacional. La diputada de Pro, Sabrina Ajmechet, fue denunciada formalmente por la presunta comisión del delito de traición a la patria, a raíz de una serie de manifestaciones públicas en redes sociales que, según la acusación, vulneran los intereses estratégicos de la República Argentina.
El origen de la demanda
La denuncia fue impulsada por Jorge Eduardo Oliver, periodista, escritor y veterano de la Guerra de Malvinas (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur). El escrito quedó radicado en los tribunales federales bajo el amparo del artículo 203 del Código Procesal Penal, que faculta a los ciudadanos a informar sobre la posible existencia de un ilícito.
“Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers”, había escrito Ajmechet en 2012. “La creencia en que Las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso”, también había posteado en 2015. En 2.021 se le pidieron explicaciones sobre el tema y dijo que eran parte de su "reflexión política", con lo cual nunca se desdijo sino que, por el contrario, refirmó su postura.
Los fundamentos de la acusación
El eje del reclamo se centra en publicaciones realizadas por la legisladora en la plataforma X (anteriormente Twitter). Para el denunciante, estas expresiones no representan meras opiniones, sino una toma de postura que colisiona con la soberanía nacional.
En el documento, Oliver sostiene:
·Gravedad institucional: Solicita investigar si los dichos de Ajmechet se encuadran en una de las figuras penales más severas del ordenamiento jurídico argentino.
·Contexto geopolítico: Remarca que las declaraciones deben ser analizadas en función de la sensibilidad de los temas tratados y su impacto en la posición internacional del país.
·Intereses supremos: La presentación afirma que la conducta de la diputada podría atentar contra "intereses estratégicos" que la Constitución obliga a resguardar.
Próximos pasos judiciales
Si bien la denuncia propone la calificación de "traición a la patria", el denunciante aclaró que la tipificación definitiva quedará sujeta al criterio de la Justicia tras una investigación profunda.
Ahora, el Ministerio Público Fiscal deberá evaluar si existen elementos suficientes para dar curso a la instrucción o si, por el contrario, las expresiones de la legisladora se encuentran protegidas por los fueros parlamentarios y la libertad de expresión.
