En un fallo de fuerte impacto institucional y económico, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén revocó una decisión de segunda instancia y declaró inadmisible el amparo ambiental presentado por la comunidad mapuche Kaxipayiñ. La medida buscaba paralizar el proyecto hidrocarburífero "LOC-ELG-4" de YPF, ubicado en una zona estratégica de la cuenca del lago Mari Menuco.
Los fundamentos del Tribunal: Complejidad vs. Celeridad
A través del Acuerdo N°8, los vocales Evaldo Moya y Roberto Germán Busamia determinaron que la vía del amparo —un mecanismo excepcional y rápido— no es la adecuada para resolver un conflicto de esta naturaleza. Los puntos centrales del fallo indican:
·Incompatibilidad técnica: El tribunal sostuvo que el caso involucra un entramado complejo de cuestiones fácticas y normativas que requieren "prueba técnica especializada" y un análisis interdisciplinario que excede los tiempos de un amparo.
·Existencia de otras vías: El TSJ subrayó que la comunidad dispone del proceso contencioso-administrativo para discutir la legalidad de los actos de la Provincia, el cual permite solicitar medidas cautelares sin desnaturalizar la herramienta del amparo.
·Límite a la "vía rápida": El fallo advierte que la mera invocación de un conflicto "ambiental" no es suficiente para desplazar los regímenes procesales ordinarios diseñados por el legislador.
El conflicto de fondo: Impacto y consulta previa
La comunidad Kaxipayiñ cuestionaba las resoluciones de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, denunciando que el proyecto fue presentado de manera segmentada para eludir un Estudio de Impacto Ambiental integral. Además, reclamaban el derecho a la consulta previa ante el posible riesgo sobre el lago Mari Menuco, principal fuente de agua potable de la región.
Sin embargo, el máximo tribunal consideró que no se acreditó una "ilegalidad o arbitrariedad manifiesta" que justificara la intervención urgente, imponiendo además las costas del proceso a la comunidad en todas las instancias.
Consecuencias para Vaca Muerta
Si bien el TSJ aclaró que no se está resolviendo la cuestión ambiental de fondo, la sentencia tiene efectos directos inmediatos:
Seguridad Jurídica: El fallo busca unificar doctrina y evitar que el amparo se convierta en una "vía paralela" para revisar actos administrativos complejos.
Desbloqueo operativo: Elimina —al menos temporalmente— el obstáculo judicial que pesaba sobre la concesión otorgada a YPF en La Angostura Sur, una zona clave para el desarrollo no convencional.
Litigios a largo plazo: El debate se traslada ahora a carriles judiciales más extensos, donde la producción de prueba técnica será el eje de la discusión entre la industria, el Estado y las comunidades.
Con esta resolución, el TSJ prioriza el rigor del proceso administrativo ordinario por sobre la urgencia planteada por los superficiarios, marcando un precedente sobre los límites del control judicial en proyectos de gran escala.
