La causa que investiga a la ex vicegobernadora por presunta administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito sumó un avance clave. La Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén formalizó la imputación de seis personas vinculadas al entorno de Ruiz, entre ellos ex colaboradores directos y dueños de empresas contratistas, tras detectar conexiones en las pruebas informáticas.
Quiénes son los nuevos imputados
El fiscal Juan Manuel Narváez confirmó que la investigación se amplió hacia los responsables de las firmas privadas que habrían resultado beneficiadas por contrataciones directas e ilegítimas:
·Empresarios: Pedro Sauer y Santiago Romera, socios de las empresas Sauer y Big Sur. La Justicia investiga por qué la Legislatura contrató a estas firmas para realizar banners y spots publicitarios que el propio equipo de prensa oficial podía producir.
·Entorno de prensa: Pablo Schapira, ex jefe de prensa de Ruiz, y su esposa, María Angélica Cowper.
·Ex empleadas legislativas: Dos hermanas que ocupaban cargos cercanos a la ex vicegobernadora (sus nombres se mantendrán en reserva hasta que designen defensa técnica).
La mecánica del presunto fraude
Bajo la lupa judicial están las contrataciones realizadas "sin licitación". Según la fiscalía, existió una responsabilidad compartida: Ruiz como ordenadora de los pagos y los privados como beneficiarios de contratos irregulares que saltearon los controles administrativos básicos.
Embargos millonarios y el camino al juicio
Aunque el fiscal aclaró que por el momento no existe peligro de fuga o entorpecimiento que justifique la prisión preventiva, las medidas cautelares sobre el patrimonio son severas:
·Gloria Ruiz: Mantiene un embargo preventivo sobre su propiedad en Plottier y sus cuentas bancarias por un total de $121.849.220.
·María Isabel Richini (ex secretaria de Cámara): Embargo de dos inmuebles (Neuquén y CABA) por más de $90 millones.
·Pablo Ruiz (hermano y ex coordinador): Continúa con inhibición general de bienes por presunto peculado en la Casa de las Leyes.
Cronograma judicial
La Fiscalía corre contra reloj, ya que el plazo para recolectar pruebas vence en junio de 2026. El plan del Ministerio Público Fiscal es concretar todas las ampliaciones de cargos entre abril y mayo para presentar formalmente el requerimiento de apertura a juicio antes del inicio del segundo semestre.
