La crisis que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) llegó a los tribunales federales. La diputada Lourdes Arrieta presentó una denuncia contra el exministro de Defensa por presunta administración fraudulenta, malversación de fondos y abandono de deberes, tras el colapso prestacional que afecta a unos 650.000 afiliados.
Las claves de la presentación judicial
La causa, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, sostiene que durante la gestión de Petri se produjo un desmantelamiento sistemático de las reservas financieras del organismo. Los puntos más críticos de la denuncia incluyen:
·Deuda y desfinanciamiento: Se investiga la desaparición de un superávit previo y el destino de préstamos millonarios otorgados por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) —uno de ellos por $40.000 millones— que debían destinarse a infraestructura y terminaron cubriendo deudas corrientes con laboratorios.
·Riesgo sanitario: La presentación detalla la interrupción de tratamientos vitales. Pacientes oncológicos y diabéticos (dependientes de insulina) se habrían visto obligados a pagar de sus bolsillos o suspender sus cuidados ante la falta de provisión.
·Contratos bajo sospecha: Se cuestiona la firma de acuerdos millonarios con droguerías mientras las farmacias del sistema permanecían desabastecidas.
El mapa del conflicto: afiliados sin cobertura
La situación es especialmente dramática en el interior del país. En localidades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Tucumán, la cobertura es prácticamente nula. En la ciudad balnearia, la deuda con los prestadores locales superó los $800 millones, lo que derivó en protestas de militares retirados y activos que denuncian tener que afrontar trámites particulares de hasta $400.000.
Internas políticas y el factor Mendoza
La denuncia también expone las fuertes fricciones dentro del arco oficialista. La vicepresidenta Victoria Villarruel ha sido una de las críticas más feroces, apuntando contra el equipo de confianza que Petri trajo desde Mendoza para conducir el IOSFA (incluyendo a figuras como Oscar Sagas y Luis Fiochi).
Villarruel calificó la situación como un "desfalco" y reclamó explicaciones por el vacío prestacional en los "confines del país". A esto se suma el malestar en la Fuerza Aérea, donde aseguran que la nueva estructura de la obra social beneficia al Ejército en el AMBA, postergando las necesidades de las familias militares en el resto de las provincias.
Medidas urgentes
La diputada Arrieta solicitó al juez Rafecas el secuestro de documentación administrativa tanto en el Ministerio de Defensa como en la sede del IOSFA. El objetivo es determinar el alcance real del perjuicio patrimonial, que según algunas estimaciones, habría llevado el déficit operativo a los $210.000 millones para mediados de 2025.
