La Cámara de Diputados de la Nación oficializó el llamado a una audiencia pública para los próximos 25 y 26 de marzo, con el fin de tratar el polémico proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (N° 26.639). La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional bajo el Expediente 0072-S-2025, busca redefinir la protección de las zonas periglaciales para permitir una mayor apertura a actividades económicas.
El debate se da en un contexto de fuerte interés por parte de sectores industriales y organizaciones ambientales, ya que la reforma toca el corazón de la protección de los recursos hídricos estratégicos del país.
Cronograma y modalidades de participación
Para garantizar un alcance federal, la Cámara baja dispuso una metodología mixta que combina la presencialidad con el entorno digital:
·Miércoles 25 de marzo (Presencial): La jornada se llevará a cabo en el Anexo C de la Cámara de Diputados (CABA), de 10:00 a 19:00.
·Jueves 26 de marzo (Virtual): Se habilitará la plataforma digital en el mismo horario para quienes no residan en la capital o prefieran la modalidad a distancia.
¿Cómo participar y cuáles son los requisitos?
El registro de expositores estará abierto hasta el viernes 20 de marzo. Los interesados tienen dos vías para anotarse: de forma presencial en las oficinas de la Comisión de Recursos Naturales o mediante el formulario online en la web oficial de Diputados (habilitado hasta las 20:00 de ese día).
Reglas de la audiencia:
Tiempo de palabra: Cada orador tendrá un máximo de 5 minutos para exponer su postura.
Ponencias escritas: Se aceptarán documentos digitales (PDF, máximo 10 páginas) enviados al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Transparencia: Todas las intervenciones y textos serán publicados posteriormente para libre consulta ciudadana.
Marco legal y derechos ambientales
La organización de este evento se apoya no solo en el reglamento interno de la Cámara, sino también en el Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional obliga al Estado argentino a garantizar la participación pública y el acceso a la información en asuntos que afecten directamente al medio ambiente.
Las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales serán las encargadas de procesar los aportes recogidos durante estos dos días de debate, antes de que el proyecto avance hacia su tratamiento en el recinto.
