La estrategia legal en el entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha logrado un breve respiro en los tribunales.

La declaración indagatoria de su máximo referente, Claudio "Chiqui" Tapia, inicialmente prevista para esta semana, fue reprogramada para el próximo 12 de marzo.

El motivo del aplazamiento responde a un cambio de último momento en la defensa técnica del dirigente, una maniobra que obligó a la justicia a otorgar un plazo adicional para que los nuevos letrados tomen conocimiento del voluminoso expediente.

La causa, que tramita bajo la órbita del Juzgado en lo Penal Económico a cargo del magistrado Diego Amarante, pone bajo la lupa una presunta maniobra de apropiación indebida de fondos.

Se investiga si la cúpula de la AFA retuvo y no liquidó aportes de seguridad social e impuestos por una suma que supera los 19.350 millones de pesos.

Este desfase financiero se habría producido en un periodo que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, afectando directamente las arcas del organismo recaudador ARCA (anteriormente conocido como AFIP).

A pesar de los intentos previos de la defensa por anular la citación —argumentando vicios procesales que el juez rechazó de forma tajante—, la comparecencia de Tapia parece inevitable.

El magistrado ya había tomado medidas precautorias de alto impacto en febrero, incluyendo la prohibición de salida del país para el presidente de la entidad y su tesorero, Pablo Toviggino. No obstante, en un contexto de alta sensibilidad deportiva, se otorgaron permisos especiales para que los dirigentes puedan cumplir con los compromisos internacionales de la Selección Argentina de cara a la próxima cita mundialista.
El trasfondo de esta investigación no solo sacude los cimientos del edificio de la calle Viamonte, sino que también tensa la relación entre el poder político y la dirigencia del fútbol.

La acusación de la fiscalía apunta a una sistematicidad en la omisión de pagos previsionales, lo que configuraría un delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Mientras se aguarda la nueva fecha de la audiencia, la expectativa crece sobre el tenor de las explicaciones que brindará Tapia ante las pruebas recolectadas por los peritos contables de la justicia penal económica.