A través del Decreto 84/2026, el Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La normativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece el nuevo marco operativo para las pensiones no contributivas, tras una orden del Juzgado Federal de Campana que obligó al Estado a aplicar la Ley 27.793.
Nuevo sistema de pensiones y controles
La reglamentación introduce la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Los puntos clave de este nuevo régimen son:
Quienes ya recibían pensiones por discapacidad serán migrados de oficio al nuevo sistema.
Se definieron criterios estrictos de permanencia y compatibilidad con otros ingresos, buscando fomentar la inserción laboral de los beneficiarios.
En un plazo de 30 días, se presentará un plan para verificar periódicamente que los beneficiarios cumplan con las condiciones socioeconómicas requeridas.
Cambios en el organigrama estatal
Una de las modificaciones más relevantes es el traspaso de la Secretaría Nacional de Discapacidad al ámbito del Ministerio de Salud. Con esta centralización, el Gobierno busca unificar las políticas sanitarias, económicas y sociales bajo una misma cartera, argumentando una visión integral de la protección de derechos.
Federalismo y Financiamiento
La implementación del sistema no será únicamente centralizada. El decreto faculta a la Secretaría a trabajar junto al Consejo Federal de Discapacidad para:
·Acordar criterios de evaluación en todo el país.
·Establecer esquemas de cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sujetos a la disponibilidad de cada presupuesto.
El origen de la medida
La firma de este decreto por parte del presidente Javier Milei surge luego de que la Justicia declarara la invalidez de un intento previo de suspender la ley por falta de fondos. Con esta reglamentación, vigente desde el 3 de febrero, el Estado Nacional regulariza los procedimientos administrativos y de control para este sector vulnerable.
