La cartera que dirige Luis Caputo pidió que eliminen las tasas que “no guarden proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio”, y remarcó que “incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.
El Ministerio de Economía envió una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las tasas municipales.
La comunicación se refiere en especial a “aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”, apunta.
En este sentido, en el escrito se solicitó que se eliminen estas “Tasas municipales” que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Gobierno consideró que estas tasas son “ilegales y arbitrarias” y remarcó que “incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.
Por otro lado, el Gobierno remarcó que las tasas municipales “afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción del número de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”.
La nota enviada también hace hincapié en que la Ley de Coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos.
En la nota se resalta que esos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, se disminuye la masa coparticipable, lo que genera un claro perjuicio al Estado Nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos coparticipables, sin que exista justificación alguna.
