La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) emitió despacho al proyecto que habilita el uso de armas menos letales en la policía neuquina. Así lo votó esta mañana el cuerpo que preside la diputada Yamilia Hermosilla (CD-Comunidad) tras la intervención del oficial e instructor de uso de armas y especialista en la materia, Juan Manuel Cisterna.

El despacho fue votado por mayoría, con diez votos aportados por Hermosilla, Ernesto Novoa y Luz Ríos (DC-Comunidad), Mercedes Tulián (PRO-NCN), Cecilia Papa (Hacemos Neuquén), Claudio Domínguez (MPN), César Gass (JxC-UCR), Francisco Lepore (Avanzar), Carlos Coggiola (Neuquén Federal) y Carina Riccomini (Juntos). El dictamen continuará su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B).

Al inicio de la reunión, Cisterna –técnico en balística, experto en armamentos e instructor de tiro- brindó un informe sobre las características de los dispositivos incapacitantes menos letales. Se refirió en particular a las marcas “taser” y “byrna” y diferenció su utilización.

Observó que mientras las primeras disparan descargas eléctricas que limitan las señales nerviosas y musculares, las segundas utilizan municiones de tipo balines con barras de aire comprimido. Según dijo, estas últimas son de venta libre y pueden utilizarse como método de persuasión al dispararse al aire. En efecto, se utilizan como “herramientas de seguridad en el ámbito civil” y los ciudadanos las compran como medio de protección personal.

En su alocución, Cisterna hizo especial hincapié en la necesaria “capacitación” de los agentes para la manipulación de este tipo de armas, al tiempo que enfatizó en que generan menor probabilidad de riesgos altos, incluida la letalidad, en la persona que recibe el impacto. Entre las principales consecuencias que ocasionan, mencionó desorientación, distracción, confusión, incapacidad temporal y otras alteraciones que no suponen un riesgo para la vida humana.

“La premisa fundamental es la capacitación constante”, sintetizó el oficial al remarcar que se requiere de una instancia de preparación por fuera de la formación inicial de la fuerza.

“Una persona que recién se inicia no puede hacer uso de un dispositivo menos letal”, aseguró al señalar que se requiere de “un aval, una experiencia y un recorrido institucional” que permita que el agente sea “preparado, certificado y evaluado a la hora de utilizar esa herramienta”, indicó Cisterna.

En ese marco, aclaró que aquellos casos que derivaron en muerte de quien recibió el disparo, no fueron por el arma en cuestión sino “por el operador”, argumento con el que reforzó la importancia de la instancia de capacitación al interior de la fuerza para su manipulación. Acotó que se trata de dispositivos que pueden ocasionar “serios daños o hasta la muerte si son mal empedados”.

Al referirse a los efectos de este tipo de armas, mencionó que el agresor cae inmediatamente al suelo, queda inmovilizado mediante contracciones musculares involuntarias pero puede oír órdenes ya que no pierde el conocimiento, y puede respirar sin dificultad. Los efectos fisiológicos no son permanentes y no causan daño a la salud, aseguró al referirse a la necesidad de “derribar mitos” y comparar el amperaje desfibrilador que utiliza 360 joules de amperaje y la taser solo 0.07. Sus ondas no causan paros cardiacos a personas con marcapasos, ni lesiones en tejidos nerviosos, ni quemaduras, ni pérdida de conciencia, afirmó Cisterna.

En cuanto a las estadísticas, informó que en su mayoría, los agresores se rinden frente a una taser, sobre la que ponderó además que cuentan con una cámara que registra audio y video, cuya grabación es “inviolable”.

Cisterna acompañó su exposición con una presentación con videos y notas periodísticas referidas al uso de este tipo de armas como “material disuasivo” que permitieron, según ponderó, un uso efectivo de dichos dispositivos. Dijo que se trata de armas que no fueron concebidas para matar ni destruir.

Consultado al respecto, Cisterna dijo que los dos tipos de armas son “compatibles entre sí” para cumplir la función de reducir a una persona, al igual que con el arma de fuego ya que se coloca una de un lado y la otra del otro.

Despacho

El despacho del proyecto -impulsado por el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN)- modificó la redacción original a fin de especificar que no se trata de dispositivos “no letales” sino “menos letales” comparados con las armas de fuego. Serán permitidas las debidamente homologadas por una autoridad nacional pertinente y las utilizadas por otra fuerza de seguridad dentro del país. Según explicó Bermúdez, este punto busca garantizar agentes con experiencia en condiciones de capacitar al personal en la provincia.

“Quienes no aprueban la incorporación de este tipo de armas lo que están planteando es que la policía únicamente tenga un armamento letal”, sentenció Bermúdez tras remarcar que el objetivo es proteger la vida de las personas, tanto de los civiles como de los agentes policiales. Calificó de “ridículo” que la policía no pueda portarlas, mientras un particular puede adquirirlas en forma libre.

Los reparos derivaron de las diputadas Ludmila Gaitán y Cielubi Obreque (MPN) quienes cuestionaron, entre otros aspectos, la falta de precisión de la letra de la ley para la reglamentación de su uso y que no se haya solicitado opinión al Ministerio de Seguridad. Por su pa rte, Andrés Blanco (PTS-FIT) también criticó el proyecto “completamente disonante” en particular en el actual contexto social, mientras que la diputada Lorena Parrilli (UxP) reprochó la falta de precisiones sobre los criterios para seleccionar el personal apto para su manejo.