Amnistía Internacional emitió un crítico documento de la gestión de Javier Milei. ”Desde la organización, reconocemos que la crisis económica y social que ha atravesado el país desde hace años exigió un cambio. Sin embargo, nos alarma el incremento de la pobreza y que, en nombre de la libertad, se ataquen y vulneren los derechos humanos y las mismas libertades públicas”, señala.
El escrito puntualiza tres temas. Que LLA "utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente" y la difamación de periodistas; él crecimiento de la pobreza y la criminalización de la protesta social.
AI cuestionó que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) “encabece una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente”.
“Estos mensajes han sido multiplicados por integrantes de su gobierno, especialmente en las plataformas digitales X y TikTok, generando con frecuencia aluviones de agresión y odio. Desde que inició su administración, Amnistía Internacional ha documentado el ataque y hostigamiento a al menos 30 periodistas, poniendo en serio riesgo la libertad de expresión”, resalta.
En otro párrafo detalla: "“El desprestigio, la difamación y la estigmatización se han utilizado para intimidar el ejercicio de la prensa libre e independiente que pregunta o cuestiona las medidas adoptadas por su administración”.
Amnistía calificó como “detenciones arbitrarias” y la “criminalización de la protesta social”, que afectan “los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica”, a la represión de desatada por el ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.
“El Ministerio de Seguridad aprobó una serie de resoluciones que imponen severas restricciones a la protesta pacífica y habilitaron el uso abusivo de la fuerza, el uso indiscriminado de armas menos letales – gases lacrimógenos y balas de goma dirigidas al rostro- tanques hidrantes y mecanismos de vigilancia en redes sociales”, detalla.
Luego cita el caso de Matías Aufieri, un manifestante que perdió la visión de su ojo izquierdo por el impacto de una bala de goma el 1° de febrero de 2024, en las afueras del Congreso.
Asimismo, cita que en la represión del pasado 12 de junio “decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y llevadas a centros de detención en el marco de las protestas en rechazo a la “Ley de Bases”, que incluía serias medidas de austeridad”. Cabe recordar que todos ellos fueron liberados sin cargos.
En ese marco, recordó que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por “el uso desproporcionado de la fuerza pública” y condenó que el Estado argentino asociara la manifestación social con un “golpe de Estado” y que calificara a las personas manifestantes como “terroristas”.
“Parece buscarse imponer un clima de temor que inhabilite las expresiones de disconformidad, propias de la libertad de pensamiento y expresión, que deben ser garantizadas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, advierte.
En el plano económico, Amnistía Internacional recordó que las “políticas de ajuste” de Milei junto con “una escalada en los precios” generaron un impacto directo en los hogares de ingresos medios y bajos, con un incremento de la pobreza (que alcanzó 52,9 % al segundo trimestre de este año).
“El número de personas que vive en situación de pobreza creció del 41,7% al 52,9% desde el último trimestre de 2023, cuando su gobierno tomó posesión, al primer semestre de 2024. Al mismo tiempo, más de un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar; y el ingreso mínimo de una persona adulta mayor no llega a cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye gastos esenciales como la alimentación, vestido y traslado”, señaló el comunicado.
En ese contexto, se indicó que los haberes mínimos de las personas mayores alcanzaron “mínimos no observados”, y en respuesta el Gobierno de Milei “ha anunciado el interés de aumentar la edad jubilatoria o propuesto otorgar jubilaciones proporcionales a los aportes”, lo que “seguramente orillará” a que más de ellas “vivan por debajo de la línea de pobreza”.
Amnistía repudió también que el Gobierno “ha librado una batalla contra los derechos de las mujeres”, al dejar recaer sobre las provincias el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA); referirse a la interrupción voluntaria del embarazo, vigente en Argentina, como la “agenda sangrienta del aborto”, y provocar el “debilitamiento institucional” de las políticas contra la violencia de género.
“Las políticas de respuesta a la violencia de género también fueron desarticuladas, reduciendo sensiblemente el personal a cargo de la línea 144, número telefónico destinado a atender a mujeres víctimas de violencias. Este debilitamiento institucional pone en riesgo la vida de miles de mujeres en el país, considerando que en Argentina se registra un femicidio cada 35 horas, según el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregó el comunicado.
“La libertad, señor presidente, no es un concepto aislado, es un derecho humano reconocido y protegido por el derecho internacional que vincula al Estado argentino y a todas sus instituciones -continúa el comunicado-. La libertad está indivisiblemente relacionada con el reconocimiento, sin discriminación, del derecho de las personas a vivir una vida digna, libre de violencias, con acceso a servicios públicos de calidad, y a que no se ponga en riesgo su vida e integridad”.
En su conjunto, el organismo global exhortó a Javier Milei revertir todas las medidas apuntadas y cerró con un fuerte mensaje: “Señor presidente: para que La Libertad Avance, Ud., como jefe de Estado, debe garantizar y velar por el cumplimiento de todos los derechos humanos por igual”.
